Por nuestros niños, blindemos los restaurantes escolares

De tiempo atrás y en la actualidad, los restaurantes escolares, reglamentados mediante el decreto 1852 de 2015, y resolución 16432 del 2015 MEN; han sido blanco de críticas, quejas y altos índices de corrupción, cáncer que en Colombia filtra lo infiltrable, y corrompe lo incorruptible.

Es así como a diario veedores del Programa de Alimentación Escolar, manipuladoras de alimentos, rectores de las diferentes Instituciones Educativas y estudiantes; elevan quejas a los entes de control y supervisores. La mala calidad de los productos perecederos y no perecederos, el no cumplimiento con la minuta patrón, el mal estado del menaje y la no compra de los productos en la región, son pan de cada día en las denuncias de los actores antes mencionados y de los ciudadanos en general, que con valor alzan su voz de protesta frente al mal manejo del programa que promueve el acceso con permanencia de los niños y niñas, adolecentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar, para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar estilos de vida saludables.

Desafortunadamente, en muchos de los operadores el interés por satisfacer sus utilidades antes que pensar en la salud integral de nuestros infantes es enorme, y se convierten en un producto para el contratista, como inventarios que solo buscan mejorar sus estados financieros, y no en lo que es el ideal de todos, el bienestar y la buena nutrición. La subcontratación y los intermediarios en los procesos son quienes entorpecen los mismos, pues todos quieren ganar. Cabe recordar que EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Escolar (PAE) estuvo en manos del ICBF hasta cuando el Gobierno de Santos, en el 2011, lo trasladó al Ministerio de Educación.

Desde el año 2013, Alcaldes y Gobernadores le han advertido al presidente Juan Manuel Santos que el PAE está desfinanciado. El ICBF había definido que cada desayuno costaba $943 pesos y $1.282 cada almuerzo. Luego el Ministerio recalculó el costo y lo concertó en $1.370 por desayuno y $2.273 por almuerzo. El Ministerio de Educación, sin embargo, no adicionó los recursos para que los departamentos pudieran contratar el servicio especificado en el PAE, lo que llevó a que el propio Ministerio esté operando el programa en 19 de los 32 departamentos. Entre ellos están Atlántico y La Guajira, dos de los tres que investigó la Defensoría, más Chocó, cuyo PAE por ahora es manejado por la Gobernación.

En el Huila la distribución y entrega de alimentos no se cumple en los tiempos indicados ni lugares establecidos. Los alimentos perecederos se dejan en el piso, son escasas las cocinas, los niños consumen su comida con cubiertos oxidados y los líquidos y jugos se sirven en baldes donde antes han lavado los traperos.

¿Quiénes entregan los alimentos allí? Tres empresas son las encargadas de manejar la alimentación escolar del departamento, quienes deben responder a los más altos estándares de calidad en la preparación de los mismos. El proceso fue adjudicado por la Gobernación del Huila, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, con un ahorro de 2.151 millones de pesos para las finanzas departamentales y acogiéndose a todos los términos de ley. La Administración Seccional adjudicó a tres empresas, la prestación del servicio de alimentación escolar para instituciones educativas públicas de la región, a través de la Bolsa Mercantil, el programa atenderá a 130.837 estudiantes de zonas urbanas y rurales en 36 municipios del Huila – Pitalito incluido, pese a estar certificado en materia educativa, con almuerzos y complementos nutricionales, y una inversión de 29.432 millones de pesos.

El operador debe constituir las pólizas tradicionales de garantía para amparar el cumplimiento, la calidad en la prestación del servicio y para amparar los demás riesgos que se puedan presentar durante la ejecución de la operación. La cultura de la transparencia, la erradicación de la corrupción y el blindar todo este valioso, importante y millonario programa tiene que ser compromiso de la ciudadanía, de nuestros mandatarios y nuestros líderes políticos, no podemos jugar y apersonarnos de los recursos públicos, mas cuando son para nuestros niños, que mas que el futuro, son el presente de este país.