Política exterior y farc

Nicaragua demandó ante la Corte Internacional de Justicia en 2001,  reclamando un área  donde se encuentra el archipiélago de San Andrés y Providencia con sus cayos y Atolones. El gobierno Pastrana tuvo la oportunidad de denunciar el pacto de Bogotá y rechazar la competencia de la CIJ, sin embargo no lo hizo y contó con el apoyo de la comisión de relaciones  exteriores.

En 2007 la CIJ dio a conocer la sentencia sobre el incidente iniciado por Colombia al presentar las excepciones a dicha demanda. Se reconoció la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina.  Colombia tuvo argumentos para continuar creyendo en la Corte de la Haya. El gobierno Uribe  en su momento no desconoció su competencia, respetando la tradición jurídica de nuestro país y el júbilo por el fallo donde la Corte reconocía que San Andrés era de los colombianos.

Sin embargo, en el año 2012 falló contra Colombia argumentando parámetros de equidad, cuando se trata de un despojo ilegal, aplicando la convención del Mar, de la cual nuestro país no es signatario, con parámetros parcializados como en la proporcionalidad del territorio o la dependencia económica de los pobladores que omitió y contradictorios si se tienen en cuenta pronunciamientos anteriores. Al cambiar la tradición Jurídica la CIJ, el presidente Uribe recomendó al Gobierno desconocerla, recordando que tenemos una posesión histórica, pacífica e ininterrumpida por siglos y que no la adquirimos en  guerra.

Razones políticas explican motivaciones en las actuaciones de la Corte y del gobierno Santos. Por un lado, China tiene interés en la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. Por otro, la época coincidió con el inicio formal de las negociaciones en La Habana, y Santos no se pronunció a tiempo por miedo a que Chávez, en solidaridad con Ortega no apoyara el “proceso de paz”. Arriesgó nuestro territorio por  su obsesión de cumplirle a Timochenko, quien en compañía de su secretariado felicitaron a Nicaragua por el fallo. Ante las recomendaciones de Uribe, Santos dijo que era una posición confrontativa y prefirió defender a la Corte y su fallo ilegal, dejando avanzar los riesgos y dando ventaja a Nicaragua que presentó dos demandas adicionales, pretendiendo ampliar su plataforma continental y obligarnos a entregar nuestro mar.

El tiempo le dio la razón al presidente Uribe y Santos no tuvo otra opción, ante el pronunciamiento de la CIJ el pasado jueves: desconocer la corte y su fallo. Con patriotismo estaremos defendiendo nuestra soberanía que implica un gran esfuerzo diplomático, para garantizar  que no cederemos un milímetro de territorio. Esto no impide que exijamos explicaciones internas y visibilicemos la responsabilidad del gobierno Santos en el manejo equivocado en su política exterior.