Política criminal mediática

no porque se trate de una teoría novedosa (el carácter subsidiario del derecho penal es una de las nociones más elementales que se enseñan en las facultades de derecho), sino por tener el valor de recordarlo cuando la comunidad social quiere escuchar lo contrario.

Dudo mucho que alguien crea seriamente que el incremento punitivo es la panacea para terminar con la delincuencia y que el inconveniente radique en que hasta ahora a nadie se le había ocurrido esa mágica solución. Lo más fácil para él hubiera sido anunciar el endurecimiento de las sanciones, porque genera en la sociedad una reacción analgésica: alivia temporalmente sin atacar las causas del problema

La tesis de Juan Gabriel Uribe en el sentido de quemar con ácido a quienes lesionen a otro con esas sustancias, dio lugar a encuestas sobre su viabilidad, que no tuvo a su alcance el rey Hammurabi cuando implantó esa clase de penas hace casi cuatro mil años, sin conseguir con ellas la erradicación de los delitos. También fue bien acogida la postura de la Fiscalía (que ya había sido sugerida por el ministro Gómez Méndez) de procesar al agresor de Natalia Ponce de León por una tentativa de homicidio. Una actitud similar se percibió hace varios años, cuando un conductor que en estado de ebriedad causó la muerte a dos personas fue declarado responsable de un delito intencional y no imprudente. En cambio, generó rechazo la sugerencia de Santiago Rojas en el sentido de que los autores de estas conductas podrían padecer trastornos mentales que ameritaran más un tratamiento médico que penitenciario.

En el fondo de todas estas propuestas que con tanta fluidez se plantean ante la opinión pública, se esconden complejos dilemas jurídicos que no suelen ser visibles para todos. No es una característica exclusiva del derecho; detrás de decisiones como el incremento del salario, la reducción de los intereses o el manejo de la tasa de cambio hay intrincados debates de teoría económica que la mayoría no comprendemos. La diferencia está en que la justicia se ha mediatizado tanto que discusiones eminentemente técnicas como la función que la pena debe cumplir, o su diferencia con las medidas de aseguramiento, suelen ser reemplazadas por encuestas sobre si la ciudadanía cree que unas personas deben ser extraditadas, o si considera que debe recurrirse a la ley del talión, o si piensa que el autor de un delito está mentalmente trastornado, o si se trata de alguien que representa un peligro para la sociedad.

Este tipo de polémicas abiertas no es común en otras disciplinas; por ejemplo, no se suelen realizar sondeos sobre qué porcentaje cree la gente que debe aplicarse para reajustar el salario mínimo legal, o cuál debe ser la tasa de interés bancario o si el Banco de la República debe o no comprar divisas. Quizás ello se debe a que, como recientemente escribió Antonio Caballero, hay tanta información sobre temas jurídicos, que todos nos sentimos con autoridad suficiente para opinar; y eso es quizás lo que ha venido fomentando una política criminal mediática.

Por: Yesid Reyes Alvarado