Polémica por Isagén
Hoy se definiría la venta de Isagén. En una subasta se dará la suerte del 57,6% de la participación del Gobierno en esta empresa dedicada a la generación de energía.
Isagén además comercializa soluciones energéticas y el desarrollo de proyectos de generación de energía. Esta institución está vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Su sede principal está ubicada en Medellín, pero también tiene oficinas regionales en Bogotá, Cali y Barranquilla.
Ahora está en la mirada de la opinión pública debido a que el Gobierno pretende vender el 57,6% de su participación en esta empresa. Lo delicado del asunto es que hay un solo oferente, la compañía canadiense Brookfield.
Ante esta situación los congresistas radicaron ante el Consejo de Estado un recurso de insistencia que no fue favorable. Sin embargo, la polémica ha seguido y las críticas han llovido contra el gobierno.
Quizá uno de los reclamos que más aglutinan el sentir general fue el del procurador Alejandro Ordóñez, quien como representante del Ministerio Público, afirmó que la venta no “es un buen negocio” rechazando los argumentos presentados en los últimos meses por el Gobierno Nacional. Además advirtió que “representaría un detrimento patrimonial sin antecedentes en la historia del país”.
Por otra parte, hay que decir, al tono de algunos de los opositores de esta venta, que el Consejo de Estado había anulado el 15 de febrero de 2012 la licitación de adjudicación del tercer canal de televisión, justamente porque el pliego de condiciones autorizaba hacer la subasta con un solo postor.
El Gobierno Nacional para justificar esta venta ha dicho que los recursos que obtenga la nación de este negocio se financiarán las vías 4G a través de la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN–. Según esto, una operación sencillísima de remplazar un activo por otro, como si las carreteras a futuro generaran mayor rentabilidad.
Lo que se sabe es que Isagén es la segunda generadora del país, una empresa rentable que le transfiere importantes recursos a la Nación, y que con la entrada en vigencia de otros proyectos su aporte por la vía de repartición de utilidades superará los 250.000 millones de pesos anuales.
No hay sector de la sociedad que no haya criticado esta venta que es un activo público. Pero como todos los bienes del Estado, su suerte la decide una persona, pasando por el interés de cientos de ciudadanos.
