Población en situación de discapacidad, un gran reto
De acuerdo a las últimas estimaciones de las Naciones Unidas el sector discapacidad ocupa hoy un porcentaje importante de la población mundial –un promedio de diez por ciento está conformado por personas con discapacidad, es decir cerca de 600 millones de personas en el mundo, de los cuales 400 millones viven en los países en desarrollo.
En Colombia, según las cifras oficiales, 6 de cada 100 colombianos sufre algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva; no obstante, de acuerdo con las estadísticas de Teletón, la incapacidad permanente afecta al 14 por ciento de la población, esto es, a cerca de 6 millones de personas.
Sumado a ello los enormes retos físicos que enfrentan las personas en situación de discapacidad tanto en Colombia como en el Huila, se agrega el dolor de la dependencia, la frustración diaria y la incomprensión. La creación de ambientes adecuados y amables para ellos es un esfuerzo que debe comprometernos a todos desde la parte pública o privada.
Los colombianos contamos con un marco jurídico establecido en relación con la discapacidad, donde se contempla la protección de todos los grupos especialmente vulnerables. La Corte Constitucional, por ejemplo, adoptó mediante Sentencia C-401/03, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y, en muchas ocasiones hace valer, a través de tutelas, sus derechos a la no discriminación y a la igualdad en aspectos relativos a la salud (Sentencia T-063/07), la educación (Sentencia T-487/07), la igualdad laboral y ayudas especiales, tales como rehabilitación, prótesis, etc.
Igualmente la legislación actual cuenta con una serie de normas dirigidas a atender las necesidades especiales de estos grupos. La Ley 1145 de 2007 organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, la Ley 361 de 1997 establece mecanismos de integración social de las personas con limitación, y el Decreto 1538 de 2005 que la reglamenta contiene una serie de normas dirigidas a garantizar la accesibilidad, que deben ser incorporadas a los Planes de Ordenamiento Territorial en todo el territorio nacional.
Sin embargo, este marco jurídico no se refleja en nada a la realidad. Si bien es un enorme avance el hecho de que las normas constitucionales y legales hayan concedido tan evidente prioridad a este tema, y que existan recursos jurídicos que protejan a los ciudadanos en condición de discapacidad, el hecho de que se deba recurrir a ellos muestra que ni las administraciones municipales, ni la sociedad civil en general cumplen con estas disposiciones. Es un gran reto el que tenemos todos por la población en situación de discapacidad.
