Plebiscito y paz

Nuestro país no se detiene a establecer una verdadera valoración de lo que significó el pasado plebiscito y las consecuencias adversas de su decisión negativa a votarlo, por cuanto, ese resultado en sí, no es una decisión que se corresponda con la posición de uno y de otro bando, sino que es fruto de una irresponsabilidad en el tema de lo que tenía que ser la pedagogía de los Acuerdos, lo cual nunca se hizo y por el contrario ha terminado por, según algunos medios de comunicación, despertar de las cenizas un movimiento político, que hoy se predica el salvador de la patria.

No entendemos cómo grupos de supuestos líderes del movimiento al NO, se han dedicado a hacer programas y presentar sus iniciativas como fórmulas mágicas que no tienen sentido y que son inaplicables, por cuanto, no podemos desconocer que los Acuerdos si se podían renegociar, si se podían revisar, pero que a la hora de las decisiones, solo compromete a quien detenta el poder de una parte, como es el Ejecutivo y de la otra a quien detenta las armas, como son los guerrilleros.

Que debe revisarse todo el tema de la Justicia Transicional, que debe ser más agresiva la forma de luchar contra la impunidad, que debe impedirse a toda costa que alguno de sus miembros llegue a la Presidencia o al Congreso y que por el contrario se limiten a ser concejales o alcaldes, es parte de esas formas de querer rescatar un papel protagónico que no se tiene en dichas conversaciones.

Lo que ha sucedido por el contrario es que el país se haya decidido a exigir y reclamar esos Acuerdos de una u otra forma, ya. Que se estén presentando toda clase de movilizaciones para pedir la PAZ, para oponerse a la GUERRA, y que en esa suma de reclamos, se pase incluso por algo, la posibilidad de reconocer o de volver a insistir en la aprobación mediante plebiscito de los mismos o de una modificación o de un nuevo acuerdo sobre temas que están siendo la base de la discordia.

Creemos que es imposible exigir y demandar que a los desmovilizados haya de aplicarse penas privativas de la libertad, como se plantea, pues el concepto de la Corte Penal Internacional, es muy válido y por tanto, tiene coherencia para refrendar que lo que importa es que haya sanciones sin necesidad de que haya privación efectiva de la libertad, y que ese proceso de criminalización privatista de la libertad, está mandado a recoger, al igual que los efectos sobre un régimen de inhabilidad para ocupar cargos públicos, como ha sucedido hasta la presente.

Hemos sostenido y aquí refrendamos nuestro concepto, de que por el contrario, la Justicia Transicional debería ocuparse igualmente de todos los que hayan cometido delitos con anterioridad al acuerdo de la Habana y que se aplique en forma general, dadas las condiciones sociales y las formas como la criminalidad se ha constituido en una forma de violencia, ante la imposibilidad del Estado de garantizar los derechos ciudadanos, descartando por completo a quienes hayan cometido delitos contra el patrimonio económico del Estado, a quienes hayan sido partícipes de las formas de corrupción y por consiguiente de quienes hayan abusado de su poder para generar un daño que no les estaba permitido.

El Gobierno Nacional, no puede seguir jugando a la componenda de los Acuerdos, como diga el Centro Democrático o los religiosos o algunos disidentes, y que si finalmente se adoptan algunos pequeños cambios, eso es suficiente y es más que significativo para logara recoger, recaudar y asumir formas de destrucción de muchas armas que están en poder de la subversión y especialmente ver como se diluye en el espacio y en el tiempo, un movimiento subversivo que se pudo haber terminado el pasado dos de octubre, con un sí, que no llegó.