Persecución política

Lo paradójico es que los ‘enemigos’ políticos no solo sacan a relucir las falencias de los programas de gobierno de sus oponentes, sino que actúan apresuradamente (a veces) a las instancias judiciales para ‘acabar’ con su competidor.

Neiva, ni mucho menos el Huila, es ajeno a esta particular conducta, que no solo se vive en campaña sino que durante los mandatos de los gobernantes es frecuente en la oposición.

Muchas de estas denuncias apresuradas terminan en archivos en los despachos de los jueces, o en ocasiones peores, terminan en desafortunadas condenas al Estado, que todos los colombianos tenemos que pagar. Porque es así.

El aparato judicial se desgasta, los expedientes se acumulan en las secretarías, y los funcionarios judiciales no dan abasto leyendo todo el acervo probatorio. Lo peor de todo es que la dignidad de las personas termina en el suelo a consta de indemnizaciones inocuas que no resarcen los daños causados, por equivocaciones en desencajadas denuncias que no obedecen a la verdad.

Es por esta razón que creemos justo que las denuncias en los entes de control, estén bien sustentadas y tenga como base la vocación por la transparencia y no el interés particular de destruir a las personas.

De nada sirve que haya garantías electorales, si estas se rompen con ‘trampas’ judiciales que desacreditan el trabajo de candidatos y políticos en general.

De modo que el juego limpio y sereno debe primar en esta contienda electoral que le falta menos de tres meses para concluir.

Creemos en las instituciones del Estado, en la justicia y en el valioso trabajo de los jueces que estudian los procesos para ser equilibrados a la hora de juzgar en derecho. No hay duda de su abnegación y compromiso con la verdad.

Sin embargo, creemos que las conductas de los candidatos se deben basar más en las propuestas y menos en las denuncias.