Pedagogía y presupuesto

Con mucho entusiasmo encontramos en las redes sociales, unos índices que nos permiten concluir que el presupuesto de la guerra en Colombia ha de cambiar sustancialmente y que por fin, se van a dedicar los recursos económicos del Estado a la salud, a la Educación, o bien, se ha de ocupar de las vías y tantas otras cosas, pero siempre en favor de la corrupción que, en suma, es la gran heredera de nuestros recursos fiscales.

Esa pedagogía que se asoma con mucha facilidad para indicarnos por qué tenemos que votar en el plebiscito, es en síntesis una expresión de la inutilidad de los mecanismos para la educación y especialmente de todo el contexto de lo que se recomendó por la Corte Constitucional, de precisar los alcances del Acuerdo de La Habana, para que existiera una total comprensión por parte de los electores, en el momento de participar en las urnas y que de tal forma, llegaran bien informados y con el completo conocimiento de lo que se había debatido en tales acuerdos.

Quienes nos atrevemos a considerar la importancia del presupuesto oficial y le dedicamos algunos minutos a su inversión en la defensa de las instituciones, especialmente en cuanto al sostenimiento de las fuerzas armadas, tenemos que concluir que quienes difunden valores sobre el costo de la guerra y el costo de la paz, están totalmente equivocados.

No olvidemos que somos un país violento, que la existencia o no de los grupos alzados en armas no es, en suma, la razón de ser de la existencia de dichos organismos de seguridad del Estado, sino que hay necesidad de que día a día, se inviertan recursos en todo cuanto tiene que ver con hacer posible que los procesos que lidera el Gobierno Nacional, se ejecuten como ha de ser y se antepongan a cualquier consideración incluso, de los tratados internacionales sobre derechos humanos o respeto a la dignidad humana.

Las Fuerzas Armadas de Colombia requieren contar con la infraestructura y la logística necesaria para poder ejecutar y hacer posible que los actos de gobierno lleguen al cumplimiento de los objetivos propuestos, sean por obra y gracia de las concesiones del Estado o por defensa de la propiedad privada, de los derechos ciudadanos, de la vigilancia y control de la patria y sus fronteras y todas las secuelas que se deducen de la misma, en el fortalecimiento de la economía nacional, la seguridad nacional y todo lo que afecte o pueda afectar al ciudadano del común, según se advierte en todo momento por parte del establecimiento.

Es que engañar es fácil, es la más fácil de las formas de enseñanza que se puedan ofrecer a los incautos y sencillos electores colombianos, que no se cuestionan la realidad y que miran equivocadamente lo que sucede a nuestro alrededor, y sobre todo, cuando se ocultan los procesos de corrupción que se viven en el seno de nuestra institucionalidad, y que se complementa afortunadamente con una justicia retardataria y sin los argumentos para confiar en ella.

No nos equivoquemos. Obsérvese cómo el Fiscal General de la Nación, en reciente gira por los Estados Unidos y para combatir la corrupción, solo se limitó a hacer contactos para establecer, conocer y quizá contratar estudios y procedimientos que nos lleven al descubrimiento de los evasores de impuestos para fortalecimiento de la DIAN, antes que para buscar mecanismos de lucha y persecución contra los delincuentes de cuello blanco o contra los corruptos en todas las entidades del Estado, que han terminado por ser el enemigo número uno de nuestra sociedad colombiana y hasta para eso se necesitan recursos para combatir a los violentos, porque la paz es un proceso que cuesta más que la guerra.