Paro, corrupción y poder

El pueblo colombiano está signado por el dolor y la violencia. Sus gobernantes se corresponden por ser los gestores de los grandes actos de corrupción y de uso del poder para sus intereses particulares, mientras que en público pregonan una verdad que duele, una verdad que nunca ha estado en su espíritu y en su propio ánimo: que el interés general prime sobre el interés particular.

Vamos de paro en paro. Primero un paro agrario que nos anuló y nos anticipó la debacle económica que hoy se vive, ahora un paro camionero que va por cuarenta días.

En tanto, las condiciones económicas de los asalariados no son equitativas y por el contrario, al poderoso se le premia con algo más que al obrero. El aumento salarial de los congresistas es una pequeña muestra de lo dadivoso de la mermelada. Y la corrupción sigue siendo el epicentro de las forma de ejercer el poder en Colombia.

Y se suma a todo esto, que ninguna reforma a la Administración de Justicia, será posible en Colombia, cuando se conoce la forma como se manipula y se deja sin efecto, desde la casa de gobierno misma, a la Corte Constitucional, para acabar con el “supuesto equilibrio de poderes” que no fue más que un desgaste político innecesario e improductivo en la larga estela de jurisprudencia que nos deja la politiquería colombiana.

Pregonamos la paz de las tumbas, pregonamos acuerdos de convivencia, siempre y cuando, se patrocinen las formas de subyugación y de esclavitud, bajo el postulado de una democracia que nunca hemos tenido. Y el pueblo colombiano a la deriva, sin un rumbo y sin un derrotero político claro y coherente, se aproxima a participar de formas antagónicas de poder donde la impunidad y la desigualdad, se premian con el perdón y el olvido.

Muchas veces trato de buscar una explicación a la pasividad, a la indiferencia, a ese modo de ser del colombiano, que lacerado, violentado y después de esquilmado en sus derechos por todas las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho y por las fuerzas irregulares que hoy son protegidas por el Gobierno nacional,  sigue sin comprender cuál es su verdadero rol social, cual es la verdadera dimensión de su entraña en el entorno social que le corresponde y se vuelve ciego, sordo y mudo, frente a la violación de sus derechos.

Nos hemos de enfrentar a una situación de conflicto social con una paz que es imposible de acceder, cuando los intereses económicos están por encima de todo, y cuando el poder político, prima sobre toda concepción filosófica del poder del Estado. Pero el pueblo colombiano no está preparado para la convivencia pacífica, cuando las instituciones no están bajo la responsabilidad de funcionarios probos y cuando la corrupción es el fundamento de ser del poder público hoy en día en Colombia.

Si a lo anterior hemos de sumar la impunidad, la ausencia de fórmulas de justicia en derecho o en equidad, es cuando hemos de terminar por considerar que entre paros, corrupción y violencia estatal, nuestro país sigue a la deriva, sin rumbo, más allá de la que nos anuncian los mismos líderes de una política regresiva, retardataria y consecuente con la inequidad y la impunidad, como la que actualmente detenta el poder en los actuales momentos.