Parapeto.- La Justicia especializada para las Farc (JEPF).

LUIS GERARDO OCHOA SANCHEZ: Ya había terminado de escribir esta columna cuando me enteré de la dolorosa notica sobre  la absurda muerte del Dr Luis Gerardo Ochoa Sánchez, vilmente asesinado en su oficina de abogado en Pitalito.  Luis Gerardo siempre se distinguió como un jurisconsulto dedicado a su profesión y a la defensa de los desvalidos. Como tal había ocupado la personería de la ciudad durante la alcaldía del Dr Ramiro Falla. Fue junto con los doctores Silvio Gómez, Ricardo Ayerbe,  Fernando Castro Polania y otros valerosos compañeros, fundador del Centro Democrático en el Huila, y aguerrido militante de esa colectividad. A su suegro,  el también abogado Dr Rubén Ordoñez Ortega, dilecto amigo, a su esposa e hijos,  y a su distinguida familia va nuestra manifestación de condolencia.

 Lo que sucedió la semana pasada a raíz de las declaraciones, sesgadas, dadas por   el secretario general del Tribunal de paz para las Farc,  nos permiten creer que   la  maquinaria  del gobierno viene siendo   orientada desde la casa de Nariño para perseguir al  partido Centro Democrático y a los amigos  de Álvaro Uribe. Esa conducta dejó al descubierto las más perversas  intenciones oficiales, y desnudó ante la opinión nacional, e internacional,   los oscuros propósitos del cogobierno,  Santos -  Timochenko. Asegurar que el exministro Diego Palacio había “confesado” su culpabilidad en  delito de cohecho, cuando dijo todo lo contrario,  es una de esas pos verdades de las que ahora se estila comunicar por las redes sociales, y  que son respondidas, después de haber hecho el daño, con un simple “me gusta”. Con la implementación de la  JEPF  no existirá garantía, ni para militares, ni para la oposición,  y el gobierno debe despejar las dudas que nos quedan sobre la parcialidad el ejecutivo en  su intención de perseguir a los militantes el Centro Democrático. La pregunta que nos hacemos  es la siguiente: ¿Se puede crear un Tribunal propio (inquisidor) y personal de juzgamiento en Colombia cuándo sabemos que existe internacionalmente el Tribunal penal de justicia, encargado de juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de agresión y de guerra? Desde luego que no.  Pero,  cuando hay un Estado, como el actual, que no quiere, o no es capaz de juzgar o de sancionar a los responsables de delitos de lesa humanidad, puede caer este gobierno, como en efecto ha caído, en la irresponsabilidad de posicionar y privilegiar a los narcoterroristas por encima del estado de derecho.  El gobierno firmó la paz, en contra de la voluntad popular, para favorecer a 6.809 militantes de la subversión; colocó todo el aparato del Estado a favor del grupo criminal,  y le declaró la guerra al Uribismo. Esa es la verdad monda y lironda. Si de eso se trata Señor Presidente, vamos  a defendernos, con la razón y las mayorías electorales. Pero que se sepa: ¡Ganaremos las elecciones y revisaremos los estropicios con los que  el gobierno ha violado a su antojo  la constitución nacional!. Lucharemos hasta el final para que la carta fundamental sea totalmente restituida.  El exministro de Asuntos Exteriores de Israel, señor Shlomo Ben Ami, en conferencia en la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmo: “lo que el posconflicto no puede hacer es reestructurar el Estado pasando por encima del mismo Estado para reconstruirlo a imagen y semejanza de la guerrilla de las Farc”.