Pacto de transparencia

Cuando se inician los periodos de los gobernadores y alcaldes municipales, visitan a las regiones los miembros directivos de los organismos de control a nivel nacional, para recomendarles que se deben adoptar políticas públicas para luchar contra uno de los flagelos que presenta la administración pública, manifestadas en los distintos factores que facilitan la comisión de conductas corruptas en los servidores públicos, que tienen la responsabilidad de administrar los recursos del erario. Cada vez más, se observa la genialidad con que estos birlan las normas establecidas para manejar la contratación pública que, junto con los proveedores de bienes y servicios, se confabulan para hurtar descaradamente los dineros que con mucho esfuerzo pagamos los contribuyentes al Estado. Son cada vez, mayores los escándalos que las comunidades denuncian a través de los medios de comunicación, obras de mala calidad e inconclusas, sobrecostos, selección subjetiva, sin que exista un control exhaustivo para frenar estos abusos que se cometen contra el pueblo colombiano.

Los Organismos de Control se sienten incapaces de llevar las respectivas investigaciones que se adelantan en sus despachos sobre las múltiples quejas que, a diario, reciben sobre el mal manejo de los recursos públicos, sin que existan resultados efectivos sobre las mismas. Un factor que poco se denuncia, es la laxitud que presenta la normatividad vigente para manejar la contratación pública. En la mayoría de las convocatorias públicas, se ajustan a los intereses de los ordenadores del gasto público para seleccionar el contratista de su predilección.

La auditora auxiliar, Ángela María Murcia, quien presidió el foro sobre el Acuerdo para la Transparencia, en el auditorio de la Corhuila sede Quirinal, presentó un informe ejecutivo sobre los procesos contractuales y presupuestales de los entes territoriales de la región sur colombiana, donde esbozaba la voz de alerta roja por las obras del Estadio Guillermo Plazas Alcid y el separador de la Avenida Inés García Durán. En este caso, toda la ciudadanía y los medios de comunicación han venido denunciando presuntos hechos de corrupción sin que, a la fecha, se hayan determinado los responsables de tales ilícitos. Estas millonarias inversiones que se han ejecutado, como muchas otras, de las cuales somos testigos los huilenses que deambulamos diariamente por las vías que circundan estos esperpentos de obras de infraestructura sin terminar, y que en muchas ocasiones se han vuelto elefantes blancos, nos da una clara idea de la ineficiencia burocrática y la negligencia administrativa para actuar contra este desangre del erario. Ojalá estas firmas de los Acuerdos contribuyan a desnudar la verdadera realidad de lo que ha sucedido y sigue sucediendo en esta región que todavía no despierta de su letargo y que son aprovechados por luminarias avivatadas de algunos funcionarios, que solo se nutren y enriquecen de los presupuestos oficiales.