País de leyes

En la legislatura 2015-2016 que inició el pasado 20 de julio, el Congreso de la República tramitará un buen número de leyes que buscan solucionar con normas los grandes problemas del país. Se resalta como algo muy positivo la ausencia de proyectos de reforma constitucional. Digo positivo pues por primera vez en muchos años se dejará en paz la muy maltratada Constitución de 1991 que ya tiene 40 reformas encima –con 5 actos legislativos declarados inexequibles-.

Revisando la agenda legislativa, podemos encontrar proyectos de ley llamativos y algunos muy importantes como la reforma al Código de Policía, el proyecto que endurece penas por ataques con ácido, la aprobación de la controvertida ley para crear las zonas de desarrollo rural, económico y social (Zidres) (que pretende organizar la entrega de baldíos), la ley que regula el cobro de servicios financieros, el proyecto que prohíbe el cobro de intereses y periodos de cotización durante el periodo de suspensión de la afiliación en el régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, el proyecto de ley sobre justicia rápida para delitos menores, entre otros.

Nuestra arraigada costumbre Santanderista de crear y crear normas para todo, deja como resultado 1762 leyes sancionada desde 1991, es decir un promedio de 73 por año. Algunas de estas pueden ser necesarias pero muchas de ellas quedarán en los códigos sin que se apliquen. Y no es que me quiera quejar del número de leyes que tenemos en Colombia pues si de países legalistas hablamos, en los Estados Unidos entraron en vigor en 2014 alrededor de 40.000 nuevas leyes –entre federales, estatales y municipales-. El asunto es que los norteamericanos sí las acatan, con lo cual la norma cumple su finalidad.

En Colombia creo que nadie se ha puesto en la tarea de contabilizar todas las normas vigentes (leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, etc). Así que no debemos inquietarnos con la cantidad de reglas que se expiden pues al fin y al cabo somos un “Estado de Derecho”. El problema es que nuestros gobernantes y el Congreso nos hagan creer que con la aprobación de la ley, el problema queda resuelto. (*Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana)