Otro paro judicial

Nada novedoso en el país, pues últimamente se han visto protestas no solo de este gremio sino del sector educativo o del agropecuario.

Pues bien, ahora la protesta de la Rama Judicial está inspirada en una sentencia precisamente de una honorable Corte, en este caso la Constitucional.

Una providencia del máximo órgano constitucional obliga al ente investigador (Fiscalía) a aplicar un concurso de méritos.

En este sentido la jefe de carrera administrativa de la Fiscalía, María José del Río, confirmó la noticia del retiro masivo de por lo menos 1711 funcionarios de la entidad, dando cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional que obliga a incorporar a 1716 personas que en 2008 ganaron un concurso de méritos.

Actualmente esos cargos son ocupados en provisionalidad por funcionarios que aspiraban a quedarse pero que por el fallo de la Corte quedan sin trabajo.

En esta decisión hay mucha tela por cortar, como muchas críticas se han referido por el tema. Al ser notificados de la decisión de desvincularlos hubo críticas de por qué en la reestructuración de la Fiscalía no se tuvieron en cuenta a las personas que por años trabajaron en provisionalidad y se prefirió incorporar a 3000 nuevos trabajadores.

De modo que nuevamente veremos funcionarios judiciales en la calles, exigiendo garantías laborales y una oportunidad para trabajar, pues son más de mil personas -que tras años de trabajo- quedarán por fuera de las actividades en la Fiscalía.

Si bien es cierto, es discrecional del ente investigador tomar esta clase de decisiones, ahora se convoca a un paro que clama más recursos para la Rama Judicial, para lograr el propósito encomendado de impartir justicia.

Es lamentable lo que le sucede a este órgano del Estado, pese a que se le inyecta constantemente importantes partidas. Es claro señalar que durante los últimos 20 años, los gobiernos de turno realizaron, en ocho oportunidades, incrementos y nivelaciones para servidores judiciales que, a valores del 2012, sumaban un billón 200.000 millones de pesos. Sin embargo, siguen faltando recursos.

Sería muy bueno que la opinión pública evaluara la eficiencia de los servidores públicos en relación con  los dineros que constantemente se le aplican. Ya es hora que se analice la operancia del Consejo Superior de la Judicatura y de algunos despachos creados para descongestión. Es necesaria que la sociedad deje de ver a los funcionarios públicos como personas inalcanzables que no son susceptibles de rendir cuentas.