Ordenamiento jurídico

Es necesario revisar nuestro ordenamiento jurídico colombiano. No es solo la falta de credibilidad en las instituciones uno de los grandes males que afectan a nuestra institucionalidad. Muchas veces consideramos que este proceso político que nos ocupa sumado a la ausencia total de liderazgo y de una orientación clara hacia presupuestos que reafirmen la democracia y el respeto de los derechos del otro, en suma, están llamados al fracaso y se ha llegado al extremo de afectar los órganos del poder público, en una simbiosis de extraño contubernio entre la vaguedad y la imprecisión de los derechos ciudadanos. 

Nuestro ordenamiento jurídico no es coherente con los principios básicos que regulan la Carta Política, ello implica necesariamente que haya todo un caos en la interpretación de los Derechos Fundamentales de los colombianos, cuando de darle validez y vigencia a la Acción de Tutela, se trate, y solamente en esos casos que por azar puedan presentarse y una decisión de provincia o de una alta Corte, sea elegida para la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, se abriga la esperanza de que se prediquen elementos esenciales para la interpretación y adecuación de ese derecho fundamental deprecado, de lo contrario, la ausencia de una fundamentación precisa y ordenada de los operadores judiciales, ha terminado por ser la garante de un Estado precario de Derecho, como el que vivimos en los actuales momentos.

Y que no decir de la conducencia o pertinencia de las Altas Cortes, en cuanto tiene que ver con la revisión de procesos que ameritan una interpretación y adecuación a la normatividad sustantiva, para que prime sobre los procedimientos o la interpretación equivocada de sus funcionarios judiciales? Como sería el caso de los recursos de Casación por la Corte Suprema de Justicia o de los procesos por eventuales recursos extraordinarios de Revisión, los cuales, en últimas están limitados por fórmulas sacramentales que desvirtúan el presupuesto esencial de la unificación jurisprudencial para el cual fueron instituidos.

Esta serie de situaciones planteadas en forma genérica, cuando se observan los grandes desquiciamientos que se han venido produciendo por el salto de la normatividad procesal, tanto en materia penal, administrativa y civil, nos llevan a considerar que es necesario retomar los conceptos que otrora se llegaron a plantear de la unificación general del proceso, todo ello encaminado hacia la garantía y prevalencia de la norma sustantiva, como garante de ese don preciado de la Justicia, que hoy no se tiene, que hoy no se usufructúa por los colombianos y que está en deuda con la democracia que se reclama todos los días, como presupuesto de la libertad y del orden, pilares fundamentales de la autoridad y del respeto del otro en un estado de Derecho como el que se pregona de nuestra Colombia.

Estas reflexiones que nos ocupan, surgen como consecuencia de entender la gran controversia que se suscita por la necesidad de plantear de un momento a otro, sistemas alternativos de Justicia, como lo de la Justicia Transicional en materia de la persecución del delito contra los miembros del grupo que se encuentra en conversaciones para la cesación de la lucha armada.

Será que solamente la jurisdicción penal, es materia o debe ser el único asunto que requiere de un tratamiento especial, cuando los colombianos nos asombramos de la forma como la morosidad en los procesos y la ausencia de orientaciones claras sobre la defensa de los derechos de los colombianos, se vulneran a diario en los estrados judiciales, llegando a coartar el derecho de acceso a la justicia, por cuanto, por no allegar determinado número de copias para una tutela, o no llevar una carátula, se niegan los funcionarios judiciales a recibir o tramitar un derecho constitucional de dicha magnitud y trascendencia en la defensa del ciudadano?

Y eso que se dice y se pregona que la acción de tutela está desprovista de formalismos y de exigencias, pero vaya a un pueblo, vaya a un juzgado o visite un despacho judicial a ver que le dicen cuando usted se presenta a peticionar el amparo que demanda?. A no ser que el funcionario y el petente, tengan una extraña coincidencia de intereses, para que se dinamice el ejercicio del Derecho.

Un reordenamiento jurídico en Colombia, es urgente, quizá más urgente o tan igual de urgente, que un PROCESO DE PAZ, porque sin Justicia y sin su apoyo, seguiremos arando en el mar…