Obstáculos de la paz

Este progreso ha estado en línea con la agenda de los procesos de paz centroamericanos de Guatemala y El Salvador.

El primero, que se llevó a cabo en los años 1990-1996, fue la antesala para permitir la participación política de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En este país se llegó a varios acuerdos en lo concerniente al tema agrícola y de reinserción y penas. Entre estos se destacan: i) mayor participación de campesinos en las decisiones del sector y facilidades de financiamiento; ii) programas de reinserción laboral-educación-seguridad social; y iii) la Ley de Reconciliación Nacional, que permitió la extinción de la responsabilidad penal de los grupos en conflicto.

De esta manera, se buscó dar participación a los pequeños campesinos en la política agraria, se dieron facilidades de inclusión en la sociedad civil a los excombatientes (vivienda, educación, apoyo financiero) y se permitió la participación de la URNG como partido político. Todo esto fue sellado con un acuerdo de dejación de las armas y su posterior entrega a la oficina de las Naciones Unidas y el cese bilateral que cerró el proceso.

La búsqueda de la paz en El Salvador fue un proceso que inició en 1992 y duró el resto de la década. Este proceso terminó con la legalización como partido político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El proceso, al igual que en Guatemala, incluyó acuerdos en el frente agrario y de reinserción. Por ejemplo, este proceso de paz incluyó la creación de un programa de transferencia de tierras para desmovilizados.

Además, se crearon programas de reinserción en temas laborales y crediticios, entre otros. Este acuerdo finalizó con un cese al fuego bilateral, establecido luego de la firma del documento final del proceso. Y aunque el cronograma convenido fue aplazado varias veces, ha permitido que el FMLN llegue al poder en ese país por las vías democráticas.

El Centro de Estudios Económicos recordó que en el caso colombiano, el actual proceso de paz tiene una agenda de cinco puntos, de los cuales se han concretado tres (agro, participación política y drogas ilícitas) y aún están pendientes dos cruciales (víctimas y fin del conflicto).

En el tema agrícola, los acuerdos incluyen democratizar el acceso a la tierra; formalizar la propiedad rural y actualizar su catastro (una de las propuestas más interesantes en términos de fiscalización regional); implementar planes de desarrollo sectorial para cerrar brechas (infraestructura terciaria, salud, educación y vivienda) y planes de asistencia técnica y tecnológica.

Fedesarrollo ha estimado que el costo de este primer punto del acuerdo sería de unos $80 billones en diez años (1% del PIB de 2014 por año).

En materia de participación política, los acuerdos buscan mayor apertura democrática (permitir creación de nuevos partidos, proteger a la oposición, crear circunscripciones especiales de paz para elegir nuevos representantes al Congreso), permitiendo la llegada de las Farc a la política, tal como ocurrió en Centroamérica. Además, se busca mayor participación de la ciudadanía en los procesos electorales y romper definitivamente el vínculo entre política y armas.

En cuanto al tema de las drogas ilícitas, se fijaron bases para planes de sustitución de cultivos; programas de asistencia inmediata para los cultivadores actuales; planes de prevención del consumo y solución al problema de producción y comercialización de narcóticos.

Sin embargo, la propia metodología del proceso, donde “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, ha creado una fuerte incertidumbre. A esto se suma que faltan dos de los temas más críticos de la agenda: i) la reparación a las víctimas, donde ya se ha avanzado en la consolidación de una Comisión de la Verdad y se debe evitar el expediente dejado en la desmovilización paramilitar; y ii) la justicia transicional (donde las FARC han dicho que no están dispuestas a ir a la cárcel) y el cese al fuego, reinserción y entrega de armas, temas que, como hemos visto en los últimos días, generan grandes “choques” ideológicos entre el Gobierno y la oposición, pero donde debe aprovecharse lo ganado a través de la gestión de la ACR en el caso de Santa Fe de Ralito.

Dicha incertidumbre se agrava por tres obstáculos adicionales. En primer lugar, está la carencia de un marco jurídico apropiado para aplicar la llamada “justicia transicional”, lo cual implica cambios constitucionales, donde recientemente se está ventilando la idea de un “congresito”, emulando lo actuado con la “séptima papeleta” en 1990.

El segundo obstáculo tiene que ver con la refrendación del acuerdo. Dadas las dificultades de organizar y “ganar” un referendo (con participación electoral de al menos un 25%), el Gobierno desechó esta idea aclarando que ya estaba empoderado por el Congreso para avanzar en dichas negociaciones, pero ello implica hacerlo dentro de la Constitución Política de 1991.

Pero tal vez el tema más espinoso continúa siendo la negativa de las Farc a entregarle las armas al Estado colombiano; ellas hablan de enterrarlas por si se llegaran a sentir traicionados por el acuerdo, lo cual deja clara la desconfianza existente en el proceso, amén del cúmulo de ataques que han seguido ocurriendo.