domingo, 12 de julio de 2026
Opinión/ Creado el: 2016-08-21 08:20

Obras públicas y corrupción

Germán Alfonso López Daza

Escrito por: Redacción Diario del Huila | agosto 21 de 2016

El derrumbamiento de una placa de concreto en el estadio Guillermo Plazas de Neiva es hoy noticia nacional, no solo por el desafortunado balance de heridos y pérdidas humanas, sino por el fiel reflejo de lo que son las obras que contrata el Estado: falta de planificación, despilfarro, corrupción, etc.

Como bien sabemos todos los huilenses, la remodelación inició en diciembre del 2014 bajo la administración del anterior alcalde Pedro Suarez. Este proyecto fue financiado con regalías pero ha presentado tantos problemas, que lo único que requería era una tragedia humana para que se enredara aún más su culminación. Planeación Nacional ya había advertido, además de los costos elevados y del estado crítico de ejecución, las posibles fallas técnicas que adolecía la obra.

Aunque la remodelación estaba aforada inicialmente en $21 mil millones, una serie de irregularidades han elevado su costo a los $28 mil millones. Su ejecución está plagada de irregularidades, postergaciones, adiciones presupuestales, improvisación y ahora líos judiciales por las muertes y las lesiones de varios trabajadores de la construcción ocurridas esta semana.

Esta tragedia estaba anunciada pues en el mes de septiembre de 2015, uno de los gatos metálicos que sostenía las formaletas para fundir el concreto de una de las vigas sufrió un debilitamiento, terminando totalmente doblada y generando daños en las demás, provocando que el cemento que se encontraba aún en estado líquido se derrumbara.

Cuando una obra pública se inicia, es porque ya se han realizado los estudios técnicos y la planificación completa de lo que costará. Al menos eso es lo que ordena la ley de contratación vigente. El principio de planeación en el contrato estatal es una exigencia perentoria del ordenamiento jurídico y su violación constituye un objeto ilícito que causa la nulidad absoluta, según lo ha dicho el Consejo de Estado.

Sin embargo, la obra ha continuado su irregular camino y ahora deberá afrontar demandas judiciales e investigaciones penales por las tragedias humanas causadas por la imprevisión y la negligencia de los responsables. ¿Y los órganos de control? ¡Bien gracias! (*Dir. Grupo Nuevas Visiones el Derecho – USCO).