Obligado remezón
El presidente Juan Manuel Santos decidió renovar el alto mando militar, en medio del escándalo de presuntos actos de corrupción.
No podía ser otra la decisión. El país aguantó el escándalo de las chuzadas gracias al beneficio de la duda. Nunca se confirmó si se trató de interceptaciones legales o pensadas en la seguridad nacional, o si simplemente fue un burdo espionaje inconsulto y soterrado, cuyo fruto (información principalmente de La Habana) pudo ser desviada a manos oscuras, a los llamados enemigos de la paz.
Pero en este caso, sin que exista un fallo judicial es evidente que hay ‘gato encerrado’. Si bien no se puede hablar de una acción criminal institucional, sí está claro que unos cuantos oficiales y suboficiales tenían montada una estrategia que no era otra cosa que un ‘cartel de la contratación’, como el descubierto en Bogotá y que no para de sorprendernos. Tapar el sol con un dedo es imposible.
Salió el comandante de las FF. MM., general Leonardo Barrero, “por unas expresiones irrespetuosas y desobligantes que le restan majestad frente al poder judicial y frente al país”, precisó el mandatario.
No era para menos. Un oficial de semejante rango no puede, de ninguna manera, ni por chiste, decir que hay que “conformar un cartel para desacreditar fiscales”.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció además que con la salida del general Barrero eran varios los cambios que se daban en la cúpula, quedando de la siguiente forma:
Comandante general de las FF. MM., general Juan Pablo Rodríguez; jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF. MM., general Javier Florez; comandante de Ejército Nacional, mayor general Jaime Lasprilla (fue comandante de la Novena Brigada de Neiva); comandante de la Armada Nacional, almirante Hernando Wills; comandante de la FAC, mayor general Guillermo León; director general de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino López; inspector general de las FF. MM., vicealmirante Henry Blain.
En total fueron descabezados cuatro generales, lo que evidencia que sí hay méritos suficientes para adelantar indagaciones de carácter disciplinario y hasta penal.
El presidente Santos actuó en concordancia con su cargo y con lo que esperaba el país, entonces solo resta que la Procuraduría –muy implacable en la mayoría de los casos-, la Contraloría y la Fiscalía asuman las investigaciones en forma inmediata y sancionen a los responsables. Ojalá el escándalo no pare en el llamado a calificar servicios.
