Nuevo fiscal
Después de varios intentos, los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia por fin tomaron la decisión de escoger al nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira de la terna presentada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, que la conformaban, además, los juristas Yesid Reyes Alvarado y Mónica Cifuentes Osorio.
Por una mayoría absoluta de 17 votos, fue designado para un periodo de cuatros años, con una propuesta que planteaba un proceso de modernización al interior de la entidad, a través de una capacidad gerencial que le imprimirá a una de las instituciones con mayor poder en el país. Igualmente expresa entregar el soporte de las investigaciones a la nueva jurisdicción para la paz, la lucha contra el crimen y desactivar la polarización generada por señalamientos de supuesta persecución política, que en la anterior administración fue muy cuestionada por diversos sectores de opinión en el país, por la parcialización que tuvo en sonados casos que tenía a cargo dicho ente acusador.
El nuevo Fiscal, deberá asumir grandes retos para contribuir al proceso de pacificación del país, que está próximo a firmarse en la Habana con el grupo insurgente de las Farc. Dentro de esta tarea que será controversial, será la determinación de los guerrilleros que serán amnistiados por delitos políticos y establecer los que tendrán la jurisdicción del Tribunal Especial para la Paz, para los procesos que se adelantarán contra militares y civiles, que se han convertido en detonantes para la guerra, donde se incluyen a los delincuentes, que surjan después del proceso de desmovilización que se lleve a cabo.
Otro aspecto candente que debe empezar a desmontarse dentro de este organismo fiscalizador, es la desactivación de la polarización que se radicalizó contra algunos movimientos políticos, especialmente contra miembros del Centro Democrático, en la administración de Eduardo Montealegre. También se debe recuperar la imagen deteriorada por la inefectividad en los resultados que se adelantan contra las bandas delincuenciales, donde la ciudadanía exige una pronta respuesta a las denuncias que se interponen en muchas ocasiones, que con estrategias jurídicas logran dejar libres a los transgresores de la Ley Penal. De acuerdo a las estadísticas oficiales, en la Fiscalía hay cerca de 1,6 millones de procesos represados que se encuentran en investigación, y solo se lograron dirimir 50 mil condenas en la vigencia anterior. Para lo cual se necesita estructurar estrategias y reformas al interior de la entidad, para volver más ágil y eficiente la aplicación de los mecanismos de justicia, porque es urgente desmantelar las redes criminales que están desestabilizando la seguridad ciudadana y el bienestar de la sociedad colombiana.
