Nuestra coja justicia

El objeto de la justicia ha sido siempre para quienes visten de ruana, tan radical en algunos casos como para aniquilar al contrario, tan sustancial para quienes violentan la moral y la ética, que es de donde viene el escándalo por el delito que esté de moda, según el momento de la historia en que se comete.

Sin duda quemar brujas, en la edad media, era una obligación de justicia. Como ahora castigar a los pederastas es una alta manifestación de rectitud social, cuando hace un siglo escaso se alababa el amor con infantes, exaltado en obras maestras de la literatura como “María” en nuestra domestica lúdica, o en “Lolita” en la escritura universal. Quien pensaría plasmar hoy una heroína sexual menor de, por lo menos, quince años. Su autor sería tratado en peores condiciones que Garabito, agravante multiplicado a la enésima potencia si se trata de un cura de parroquia o de un pastor pentecostal de vereda.

Lo cierto es que la ruana atrae a los aplicadores de justicia; a quienes enfunda la ruana son objetivo frágil para levantar de la cojera la balanza panegírica con que jueces y abogados se lucen para cobrar en nombre de la sociedad la comisión de un delito. Los mismos actores se acomplejan frente al sacoleva, extraen del cajón del escritorio argumentos de “riesgo social” para favorecer a quienes tienen la fortuna de ir por el mundo vestidos de gala, y se acomplejan frente a quienes lucen en el día traje de noche cuando de aplicar la justicia se trata.

A lo anterior agreguemos la lentitud cronográmica con que actúa nuestra justicia. Nadie, a excepción de los leguleyos, entiende, o entendemos, como pudo marcharse el master de la fuga Andrés Felipe Arias si supuestamente estaba probado su delito, cómo un juez lo sacó de la cárcel para darle la posibilidad de evadirse; ni cómo las autoridades permitieron la salida del país a la señora Sandra Morelli quien se encontraba en causa de investigación, Incurso; o cómo le perdieron la pista a María del Pilar Hurtado, quien hizo de ochas y panochas desde la dirección del DAS en una plan criminal concebido desde las altas esferas del estado.

Las anteriores son algunas de las prevenciones con que cuenta la sociedad colombiana frente a su justicia. Vemos cómo demora su aplicación en delitos tan evidentes como el asesinato cometido por un conductor borracho; cómo se demora en promulgar sentencia. Mucho más cuando la comisión de un delito no es tan evidente. Los sentenciados parecen chivos expiatorios de los administradores de justicia y de los leguleyos con el fin de justificar sus puestos y salarios, reales masajes con que intentan aliviar la eterna cojera de la pobre ciega llamada justicia.

En realidad los indígenas del norte del Cauca, miembros de la etnia Páez, nos han dado una lección inmediata, más que mediática como lo quisieron hacer ver los medios de comunicación, de la manera cómo debe actuar la justicia: pronta y equilibrada, para curar los males sociales.