Nos pasaron la factura de las basuras

Lo estamos viendo con la facturación del mes de enero: los incrementos en la facturación del servicio de aseo está presentando casos de hasta el 25 y el 30 por ciento mensual, aunque la empresa reconoce un incremento del 11%. Un abuso por donde se mire. Lo más aberrante, es que el gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua – CRA, permitan tales incrementos, cuando el índice de precios al consumidor del año 2013 fue del 1.94% y el aumento del salario mínimo fue del 4.5% que, se supone, son indicadores a tener en cuenta para el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

El gerente de las EPN y el alcalde de la ciudad van a tener que explicar en detalle esta situación. No pueden escurrir el bulto. Tienen que justificar con solvencia las cuentas que hicieron para que incrementos de esa magnitud se estén presentando en un servicio que, ya de por sí, era costoso bajo el anterior contrato. Con indicadores macroeconómicos nacionales como los señalados atrás, es muy difícil creer que en el servicio de aseo de Neiva, se presenten incrementos tan desproporcionados.

No quiero creer que los chismorreos de cafetín, que pulularon por la época en que se “licitó” el contrato de aseo, sean ciertos: que el estudio realizado por una empresa desconocida y sin experiencia en ese campo y que sirvió de base para la elaboración de los pliegos, fue realizado en realidad por la misma empresa contratista Ciudad Limpia; que descalificaron a la brava al único proponente que se atrevió a competirle al actual contratista porque “descuadraba el negocio”; que la comisión que se manejó para la adjudicación del negocio tiene cinco cifras en miles de millones de pesos; que se adjudicó por un período de tiempo (20 años) mayor al permitido por la ley…Al margen de estas consejas, que repito no quiero creer, si preocupa la afirmación de la subgerente de EPN de que quien determina las tarifas del aseo es el contratista ya que “ellos son autoridad tarifaria”. ¡Qué peligro! ¿El municipio y las empresas públicas renunciaron a la función determinadora de las mismas con la firma del contrato?

Definitivamente, la experiencia de la privatización de los servicios públicos domiciliarios ha sido negativa para los usuarios. Permitir el lucro en actividades que tienen alta incidencia en la vida del pueblo es un error. El afán de enriquecimiento del propietario o contratista privado, termina lesionando gravemente a los ciudadanos. Son tan graves las situaciones creadas en el mundo, tanto en países pobres como ricos, que hoy se discute seriamente que tipo de bienes de uso no pueden estar sujetos a las leyes del mercado: salud, educación, seguridad ciudadana, justicia, servicios públicos, transporte masivo…, en fin todos los que tienen que ver con la vida de los ciudadanos. La armonía de las sociedades depende en buena medida de este reenfoque. Es hora de que los colombianos entremos con decisión y seriedad en esta discusión.