No más burlas a la justicia

Lo hizo el célebre excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo; luego la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y ahora el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, coincidencialmente todos funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Es un mal mensaje el que están mandando al país, seguramente escudados en que no hay garantías en Colombia para ser juzgados, punto lejano a la realidad, pues si algo tiene nuestra justicia es ser demasiado garantista, siempre en favor del procesado, o sino preguntémosle a los Nule y en general a los enjuiciados por el escándalo de la contratación en Bogotá.

En los tres casos (Restrepo, Hurtado y Arias) no hay justificación, pero menos en la del exministro Arias, quien ha tenido la oportunidad de defenderse en un largo y complicado proceso. Lo último que se supo es que puede estar fuera del país -como Restrepo y Hurtado- y que su salida de Colombia coincide con la filtración de la noticia sobre la intención de fallo condenatorio, pena que podría oscilar entre los 12 y los 30 años de cárcel.

Lo cierto es que Arias no aparece desde el pasado 13 de junio y que todo apunta a que ya está en los Estados Unidos (Florida).

Anoche se conoció que el apartamento donde Arias vivía, junto con su esposa e hijos, está prácticamente vacío y que por lo mismo la probabilidad que se presente el próximo 17 de julio para conocer el monto de la pena que la justicia le impondrá, es prácticamente una utopía.

Y ahora resulta que María del Pilar Hurtado tampoco aparece en Panamá. La justicia colombiana logró que la protección que le ofrecía el gobierno vecino se extinguiera por inconstitucional y que se ordenara su extradición, sin embargo, todo resultó en vano pues ella, al igual que Arias y Restrepo, logró evadirse.

Del caso de Luis Carlos Restrepo es mejor no hablar. Su paradero se desconoce, convirtiéndolo en otro fugitivo, señalado de graves faltas.

En Colombia han sido juzgados personajes de la izquierda, con todas las garantías. Veamos el caso Gustavo Petro –alcalde de Bogotá- y el de otros funcionarios que han estado en la oposición y han tenido todas las posibilidades de defenderse y salir abantes.

Entonces la actitud de estos tres ilustres exfuncionarios no es coherente ni se equipara con las dignidades que ocuparon. Los tres, al momento de posesionarse, juraron cumplir con la ley, la misma a la que hoy le están haciendo el quite. Mal ejemplo que infortunadamente empieza a generalizarse.