No hay verdades únicas sobre el conflicto

Según Daniel Pécaut los problemas estructurales del país continúan a pesar de una guerra que pretendía superarlos, con el agravante de que el Estado ha sido incapaz de regular la vida social y crear un imaginario de Nación. “más que adhesión al estado, los Colombianos desarrollaron de manera temprana una adhesión a los partidos políticos”, tampoco el Estado ha sido capaz de mantener el monopolio de la fuerza, su legitimidad está fragmentada y nos hemos adaptado a una suerte de violencia sin fin. Incluso “cuando se trata de acontecimientos que se consideran rupturas históricas de Envergaduras como las grandes revoluciones o guerras, que obligan a considerar sin asomo de dudas que hay un “antes” y un “después”, el debate sobre los orígenes o sobre la multiplicidad de causas nunca se cierra” (Pecaut, 2015).

En este contexto los documentos elaborados por doce académicos de la Comisión Histórica del Conflicto (CHC) para la mesa de negociación de La Habana, servirán para la generación de ideas que contribuyan con la paz. La investigación mostró que los orígenes y múltiples causas del conflicto, así como los factores y condiciones que han determinado la duración de este tiene como una de sus consecuencias la polarización política (Liberal y Conservador) que se consolidaría antes que el mismo Estado, modelo que según los ensayistas María Emma Wills y Renán Vega, surge en un país con regiones relativamente autónomas y poco integradas, con un campesinado sin representación con una estructura estatal frágil, con unas Fuerzas Militares precariamente preparadas y dotadas que no podían garantizar el control estatal; como lo evidencian  las 8 guerras civiles nacionales y 14 regionales.

La investigación plantea el predominio de las élites civiles sobre la institución militar y la escasa identidad con los símbolos nacionales, sumado a la coexistencia depredadora y al fanatismo político y religioso, que contrastaba con las movilizaciones dominantes de la época; como elementos que retroalimentaban la violencia. Las FARC opinan que “no se debe seguir distorsionando la historia”, por lo que han iniciado un estudio minucioso del documento elaborado por la CHC, con la intención de entregar al país su punto de vista sobre el mismo, libre de todo apasionamiento y concepción ideológica, conclusiones que según sus relatores Víctor Manuel Moncayo y Eduardo Pizarro fueran los más objetivas posible, tener mayores elementos de juicio para saber “qué nos pasó, por qué nos pasó y cómo superarlo”.

Según Sergio Zubiría, otro de los investigadores, el país deberá asumir fuertes compromisos traducidos en reformas de fondo que garanticen que este extenso período de violencia producto del “fracaso o aplazamiento indefinido de reformas sociales” no se repita. A su vez, Darío Fajardo destacó que la pugna por tierras y la ausencia de una verdadera reforma agraria jugaron un papel preponderante para el inicio del conflicto. En este sentido cabe resaltar lo preocupante que resulta la correlación negativa entre el Gini de tierras (desigualdad en la tenencia de tierras) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), tendencia observada en América Latina caracterizados por un Coeficiente de Gini alto y un IDH bajo.

El nivel de concentración de la propiedad sobre la tierra es uno de los más altos del mundo (0,85), realidad que hace crisis en el 15,36% de los municipios del país. En la región este Gini promedia 0,597, desigualdad atribuida al desplazamiento forzado, pero el hecho de que países como Argentina, Brasil y Perú presenten índices igualmente altos, es prueba de que las causas son más diversas; incluirían la avidez de renta, la cultura del enriquecimiento rápido, ausencias de políticas públicas y el proceso histórico de cada nación (latifundista), como responsables de dicha distribución. Es tan preocupante, que según Novoa (2012), “el índice de Gini para el sector rural en Colombia, es lo que debería ser el indicador para una sociedad feudal de los siglos XII o XIII en Europa”. El 41% de la tierra en Colombia tiene menos de 100 mil dueños y la cantidad de minifundistas continúa cayendo. Mientras en 1960 el 66,7% de los propietarios eran minifundistas, para 2009 la proporción había bajado a 49,8%, así no es extraño que 3,8% de los predios ocupen el 41% de toda la superficie de tierra registrada en manos de latifundista.

El Gini de tierras se incrementó en los últimos años, pasando de 0,85 a 0,87, este no solo mide el aumento del tamaño de cada predio, sino también la adquisición de nuevas tierras por parte de propietarios individuales que también aumenta alcanzando un valor de 0,896 en 2011, luego de estar en 0,877 en el 2000, lo que evidencia una incremento en la brecha del Gini a partir de 2005 por la compra de predios, los cuales tienen la particularidad de estar en posesión informal, situación que resulta frecuente en la población rural de bajos ingresos.

Pero encontramos otra forma más aberrante de incrementar este coeficiente, la Ley 1448 de 2011 sobre reparación y restitución de víctimas que de manera conjunta con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 generan concentración de tierras (González y Henao, 2012). Para probarlo, los autores usaron un modelo de agencia y un modelo de teoría de juegos.

La agricultura es básica para el desarrollo económico del país, lo que explica su importancia en el PND, al reconocer la participación de la sociedad en la reparación de las víctimas a través de programas agropecuarios o forestales, la realización de contratos con tenedores de predios por restitución que demuestren un proyecto productivo. En tanto que el artículo 61 de la Ley 1450 sanciona la creación de una entidad que regula estos proyectos especiales en los que participarían predios restituidos, y se encargaría de la aprobación de dichos proyectos. Es así que el Fondo de Reparación de Víctimas acabaría proveyendo (no en todos los casos) de tierras a grandes proyectos agrícolas y forestales. Sin desestimar algunos de los detonantes de los paros agrarios, como la escasez de crédito y elevados costos financieros y la pobreza creciente en la zona rural (el 45,3% de la población urbana era afectada por la pobreza en 2002, en la zona rural era el 60,9%; en 2010 se redujo 10,6%, en el área urbana 12,3%), en resumen el olvido por parte del Estado.

Continuando con las conclusiones de los especialistas, Francisco Gutiérrez hace referencia a la reintegración como factor que explicaría la prolongación del conflicto a través de la incorporación de exguerrilleros a grupos delincuenciales, temor al recrudecimiento del conflicto, como ha ocurrido en otros países. El Estado Colombiano ha sido incapaz de mantener el monopolio de las armas y crear un sistema judicial eficiente. La elección popular de alcaldes y gobernadores también fue permeada por el conflicto, la sociedad fue testigo del asesinato sistemático de algunos de estos líderes, así como de alianzas “non sanctas” para favorecer sus actividades políticas.

Hay acuerdo de que el conflicto profundizó las desigualdades e inequidades, que es la oportunidad de acabar la guerra, pues si fuimos capaces de correr con los costos de la guerra por qué no asumir los costos de la paz.

*Ex Rector, Profesor Asociado UNAL