Narcotráfico y delito político

El principal sustento del Jefe de Estado es que los guerrilleros tuvieron que convertirse en narcotraficantes para alzarse en armas y financiar su guerra contra la institucionalidad, algo que es real y que no tiene discusión, sin embargo, el hecho como tal puede tener otras explicaciones y sobre todo muchas implicaciones.

“Los guerrilleros son narcotraficantes porque estaban buscando unos recursos para poderse sublevar, entonces es claro que sí es conexo con el delito político (…) si alguien no entiende eso, lo que está haciendo es bastante perverso con el proceso de paz y quiere acabar con el mismo”, sostuvo el senador Armando Benedetti apoyando la propuesta del Ejecutivo.

Sobre la misma, el senador Alexander López Maya aseguró que “el narcotráfico es un delito que le ha hecho demasiado daño al país y pensar que el narcotráfico haga parte de los delitos políticos, es descontextualizar la lucha política que reclaman las Farc y la lucha por la reivindicación por los derechos de los colombianos”, dijo.

Para empezar no podemos dejar de lado la experiencia del proceso de paz que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez adelantó con los bloques paramilitares que durante años ‘operaron’ –por decirlo de alguna forma-  en el país.

Está plenamente comprobado que en desarrollo de esa negociación, tal vez por falta de control de los negociadores o por confiados, se ‘colaron’ varios narcotraficantes que bajo el manto de la lucha contra la guerrilla, lograron beneficios jurídicos como la condena privativa de la libertad por un tiempo no superior  a los siete años, previo el cumplimiento de algunos requisitos, como la confesión de crímenes, sin importar el número.

Este es el peligro que genera la conexidad del narcotráfico con el delito político en el caso de la guerrilla, donde pueden resultar muchos ‘vivos’ (narcotraficantes) beneficiados, incluso indultados, con fuero especial y hasta protegidos por el Estado.

Hoy podemos decir que nuestra sociedad se desnarcotizó después de la muerte de Pablo Escobar y de otros muchos ‘capos’ que durante años fueron amos y señores en el país, permeando el aparato judicial, la política y en general la sociedad, algo parecido a lo que infortunadamente están viviendo –o mejor sufriendo- nuestros hermanos mexicanos.

Entonces no podemos decir que la idea es descabellada, pero sí es importante extremar los controles y dejar en el papel (ley o norma)  un criterio claro sobre quién realmente es un guerrillero y quién es un narcotraficante y cuándo el narcotráfico puede ser conexo al delito político.

Nada más peligroso que una nación manejada por el narcotráfico y peor aún si es el propio Estado, desde las instituciones legalmente establecidas, el que proteja su accionar.

El tema es polémico y lo mejor es insistir en que la cura no se convierta en peor que la enfermedad.