Mototaxismo, comercio informal y confianza legítima
Por Germán Alfonso López Daza
La Constitución Política de 1991 establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las actuaciones. De este postulado surge el principio de la confianza legítima.
Este principio consiste en que la administración, por medio de su conducta uniforme, hace entender al ciudadano que su actuación desplegada durante un tiempo está conforme con la ley.
En este sentido, la administración no podría de manera intempestiva cambiar las condiciones en que se encuentra el administrado, el cual está convencido de que su actuar se ajusta a derecho. Según la Corte Constitucional, este principio busca proteger a los ciudadanos de los cambios arbitrarios e inesperados efectuados por las autoridades.
Muchos han sido los casos en que inicialmente existe una complacencia Estatal sobre las actuaciones de particulares (generando a veces una falsa confianza legítima) pero que posteriormente es atacada por el mismo Estado por considerarla violatoria de algún bien jurídico.
Uno de ellos que causó alto impacto fue el de las pirámides, el cual se toleró por mucho tiempo y luego fue declarado ilegal, originando millonarias pérdidas en los ciudadanos que actuaron con el convencimiento de su legalidad.
Otro caso similar es el del mototaxismo, práctica que se ha venido realizando bajo la mirada impávida y permisiva del Estado durante mucho tiempo. Ahora, cuando la práctica se encuentra desbordada y normativamente fue prohibido, es atacado policivamente acarreando una problemática social.
Un último ejemplo de confianza legítima que a diario se presenta es el del comercio informal. El ciudadano observa la instalación de una venta ambulante en el espacio público sin que la autoridad ejerza control inmediato. Posteriormente se instalan más y más ventas en el mismo punto y al poco tiempo (cuando ya hay docenas), el Estado decide levantarlas del espacio público generando con ello un conflicto social.
La presencia del Estado en todas las actividades del ciudadano debe ser real, permanente y ajustada a la Constitución y a la ley. Sin Estado, como lo afirmó Hegel, no hay historia ni cultura ni humanidad. Sin presencia estatal hay simplemente anarquía.
Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana
