Minería Vs. Autonomía Territorial y Democracia

Gran polémica generó esta semana la sentencia de tutela de la Corte Constitucional, mediante la cual expresó que los habitantes de los municipios sí tienen la competencia para pronunciarse mediante consultas populares, sobre la explotación minera en sus territorios.

El asunto se remonta a la consulta popular organizada por el alcalde del municipio de Pijao (Quindío), quien sometió a la decisión del pueblo la explotación minera. El Tribunal Administrativo del Quindío declaró que esta consulta era inconstitucional con lo cual la suspendió.

Posteriormente a través de una decisión de tutela, la Corte Constitucional protegió el derecho a la participación de una ciudadana del municipio y con ello abrió la posibilidad para que los alcaldes puedan realizar consultas populares para excluir la actividad minera.

De esta forma, la Corte les da a los mandatarios locales un espaldarazo para que realicen consultas populares. Se sabe que la primera será la de Ibagué, que busca detener la explotación minera en su territorio.

Con esta decisión de tutela, la Corte Constitucional avanza en un proceso con el cual ha venido decantando las competencias de los municipios en materia de explotación minera, pues el Estado siempre se ha basado en el artículo 332 que consagra que éste es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Con la sentencia C-273/2016, la Corte declaró inconstitucional un artículo del Código Minero que prohibía taxativamente a los alcaldes o gobernadores, la posibilidad de excluir a sus territorios de la minería en los respectivos planes de ordenamiento territorial.

Respecto a la situación del Huila y sus municipios, se observa poca actividad de sus líderes en materia de control a la actividad minera, pese a la existencia de planes para la explotación de minerales que pueden generar problemas ambientales ya que en algunos casos involucran áreas muy frágiles.

Es necesario que los alcaldes y los ciudadanos intervengan activamente en los procesos de otorgamiento de títulos mineros pues una minería irresponsable con el medio ambiente puede generar daños irreparables. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho –USCO).