Mercadeando lo ajeno

La promulgación de los planes de desarrollo, enmarcados en modelos que no garantizan sostenibilidad, nos conducen a desastres irreversibles y de magnitudes impredecibles por aquella fatal combinación fundada en el menosprecio por los elementos ecosistémicos y la prevalencia del  desaforado interés económico de una minoría vocera de  multinacionales inversionistas, en alianza con funcionarios del alto poder gubernamental, dotados de instrumentos legales con facultades y poder decisorio para autorizar operaciones depredadoras a expensas de los negocios extractivistas.

Es así como nuestro gran río de La Magdalena, lejos de ser tratado de manera integral, es erráticamente manejado como un conjunto de minifundios desconectados, promoviendo en el Alto Magdalena una serie de muros de presa para generación hidroeléctrica y de manera inequitativa, con aprovechamiento unipropósito. Esto conduce a una pérdida  para siempre de las terrazas de suelos de máxima calidad para uso agrícola y a la pérdida de la soberanía territorial y alimentaria, añadiéndole un desplazamiento masivo de ciudadanos colombianos que no conocen otro oficio, pero pierden sus trabajos y vocación por la carencia de unas tierras de condiciones similares a las poseídas antes de su despojo. Mediante la figura de concesión, se entregó a la organización brasilera Odebrecht, el cuerpo de agua del río Magdalena y el de sus tributarios en su cuenca media y baja para modelar navegabilidad. El valor de esta erogación supera los 2,6 billones de pesos y el presidente de esta organización, Marcelo Odebrecht, purga prisión en su país por cargos de corrupción.

23.000 hectáreas de bosques nativos protegidos por Isagén pasaron a manos de la trasnacional canadiense Brookfield Asset Management, quienes también enfrentan dos procesos por corrupción en Brasil, fundamentados en sobornos millonarios a funcionarios estatales.

En el Alto Magdalena, El Quimbo está fuera de serie. Las comunidades aferentes al proyecto, confiadas en la existencia de un estado de derecho conformado por tres poderes, acudieron ante la justicia para salvaguardar la defensa de su integridad frente a las graves vulneraciones padecidas como consecuencia de la construcción de esta hidroeléctrica. Como antecedente, se registra el desconocimiento de los estudios de ingeniería especializados que determinaron la inviabilidad del proyecto, sin embargo, este fue subastado por el Gobierno Nacional para su ejecución con lesivos ajustes de tipo legal para favorecer a su constructor y propietario. Concluido este proyecto, el desbalanceado documento de compensaciones pactado no fue cumplido en alto porcentaje y más grave aún, la biomasa localizada en las cotas más bajas del embalse no fue retirada en su totalidad como lo demuestran los registros de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.

Durante las festividades sanpedrinas, se inició el llenado del embalse con la aparente autorización de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, sin contar con el aval obligatorio de la CAM, entidad encargada de verificar el cumplimiento de aspectos contractuales de tipo ambiental y legal, situación que condujo a la contaminación del rio embalsado. En medio del malestar ciudadano e institucional en el contexto regional, el Señor Presidente de la Republica, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, emitió un decreto permitiendo la generación de energía a la multinacional, acción que fue impugnada y luego invalidada por la Corte Constitucional.

El Tribunal Superior del Huila, mediante ponencia del magistrado, Dr. Ramiro Aponte Pino, dictó medida cautelar ordenando suspender la generación de energía hasta tanto se diera el cumplimiento de los términos contractuales omitidos por Emgesa. Como respuesta a esta decisión, el alto gobierno impugna vía tutela y logra a través de un Juez Penal Especializado la autorización que está permitiendo la generación de energía a partir del vertimiento de las aguas contaminantes del embalse hacia aguas abajo del cuerpo del río Magdalena, incluida la represa de Betania.

El Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo declara no conocer en El Quimbo usos y efectos diferentes a la generación de energía, desvirtúa los registros de las investigaciones y mediciones realizadas por la CAM y frente a lo ordenado por la multinacional EMGESA, con resultado diferente, propone una tercería a manera de arbitramento, desconociendo de esta manera la institucionalidad y jurisdicción de la CAM.

No poseemos registros contundentes en la defensa del gran patrimonio que nos otorgó la naturaleza y que es mercadeado como cualquier producto de bajo valor, tampoco imputaciones a los responsables por la evidente comisión de delitos ambientales que tienen causa penal. La Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá cuenta con acciones preferenciales de alto valor económico pero sin decisión, en tanto la vocería le pertenece a  la empresa pública BIT-ENEL de Italia, quien adquirió a Endesa y conoce el altísimo rendimiento económico de este proyecto de generación limpia que es beneficiado por bonos de carbono en la Comunidad Internacional, más allá de la producción de energía eléctrica.

Vale reconocer el aporte del presidente de Asoquimbo, Dr. Míller Armín Dussán Calderón, juicioso investigador y catedrático de la Universidad Surcolombiana, doctorado en la Universidad de Barcelona, quien durante siete años ha liderado con esfuerzo y tenacidad un proceso de respaldo al ecosistema y a las comunidades afectadas, llegando a decantar realidades que también se pierden en la conciencia de los habitantes, indiferentes por causa de la sobrevivencia de nuestra especie. En magnifica conferencia dictada a La Tertulia El Botalón, con la participación de personas con alta sensibilidad por los ecosistemas, nos anunció la publicación de su libro sobre este desarrollo.