Mandatarios en aprietos
A raíz de la captura por segunda vez del polémico alcalde de Yopal, Casanare, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como 'Jhon Calzones', es preciso analizar el mundo delictivo de algunos mandatarios que comenzaron a ejercer el pasado 1 de enero.
Los delitos que se le endilgan a Torres Torres, son enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La primera vez que lo capturaron fue el 14 de octubre pasado, días antes de las elecciones en las que resultó elegido mientras estaba en prisión; pero a finales del 2015 un juez de Yopal ordenó su libertad al revocarle la detención domiciliaria dentro del proceso por urbanización ilegal.
Esta investigación se suma a las de 350 mandatarios que hay en todo el país cuestionados por en el ente investigador. De esta manera hay que decir que los departamentos que tienen más alcaldes investigados son Cundinamarca y Antioquia, con un total de 40 conductas penales que están siendo indagadas por la Fiscalía.
Los siguientes departamentos con alcaldes investigados son Boyacá (34), Santander (30), Bolívar (18), Meta, Nariño (17) y Valle del Cauca (16). En los expedientes del ente acusador se tienen registrados 637 investigaciones penales por diferentes razones.
El delito más usual en los funcionarios tiene que ver con las supuestas irregularidades en la contratación, con un total de 118 hechos registrados. La segunda causa de mayor investigación a los nuevos alcaldes es por el presunto delito de tráfico de influencias con 142 expedientes en el ente acusador. Otros 57 son investigados por injuria y calumnia.
Hay que recordar que en menor medida se encuentran los delitos electorales. Por esta conducta penal hay 47 procesos de indagación, a pesar de la victoria de estos alcaldes en los pasados comicios regionales.
De modo que lo que observamos es unos malos manejos de estos funcionarios que tienen como común denominador los delitos contra la administración pública, que por cierto, siempre están a la orden del día y es la principal causa de investigaciones.
Si bien es cierto la Ley no tiene un impedimento para que gobiernen los ‘ignorantes’, lo que se observa en la práctica es que es necesario tener conocimientos elementales de administración para poder ser competentes con lo público y para evitar problemas con la administración.
