Mal fin de año
Los municipios de Suaza, Rivera y Tarqui no pasarán un buen fin de año. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) reveló ayer que por no enviar oportunamente la información, estas localidades tendrán suspendidos los giros de regalías hasta nueva orden.
Además de estas tres entidades territoriales del Huila, están incluidas dos empresas de servicios públicos en Pitalito y Aipe, para un gran total de cinco con los recursos “congelados”, ya que no suministraron los datos del avance y el estado de los proyectos en los que están involucrados dineros de las regalías del petróleo.
Pero no solo fueron municipios y entidades ejecutoras de la región huilense las que terminarán este año sin estos millonarios recursos. Según Simón Gaviria Muñoz, director del DNP, son 127 ciudades y 21 entidades ejecutoras.
Lo más grave que denunció el alto funcionario fue que de los 127 municipios con suspensión preventiva de sus giros, 74 (en 21 departamentos) son reincidentes. Bolívar es el departamento que concentra el mayor número de municipios con suspensión de giros temporales -19 casos-, seguido por Santander con 17 y Cundinamarca con 15.
Gaviria Muñoz sostuvo que el país y la comunidad necesitan saber con claridad en qué van las obras y cómo se están invirtiendo los recursos del Sistema General de Regalías, tras advertir que en esta obligación no se admitirán disculpas, ni dilaciones.
Desde que se inició el Sistema General de Regalías en 2012, y con corte a 15 de noviembre de 2015, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) han aprobado 9217 proyectos por 28,4 billones de pesos.
De este monto, 19,9 billones de pesos se financian directamente con regalías en sectores como infraestructura vial, educación, salud, acueductos y alcantarillados, agricultura, ciencia y tecnología, entre otros.
Por último, el director del DNP destacó que la eficiencia del actual Sistema ya se ve no solo en las obras que ya están al servicio de los colombianos sino en las irregularidades identificadas pues se ha bajado de más de 8200 casos a 240 denuncias por año, lo que demuestra que este nuevo sistema es bueno y que “seguiremos afinando procesos y controles, vamos por el camino correcto”.
