Más seguridad en el nuevo año

Comenzó uno nuevo con muchas expectativas para todos los huilenses.  Sin embargo, cada vez resultan más alarmantes los actos de violencia y de inseguridad que se están  presentando en Neiva, los cuales no sólo alteran la tranquilidad de sus habitantes, sino que inciden considerablemente en la construcción del imaginario colectivo de la ciudad turística, comercial y pujante que se quiere tener.   

No obstante, preocupa saber que estos hechos no han sido suficiente razón para intensificar las acciones pertinentes en las que se involucre a todos los actores de la comunidad y se pueda contrarrestar este tipo de episodios delictivos antes de que alcancen dimensiones mucho más lamentables.  Ya casi resulta imposible movilizarse por calles, pasillos, centros comerciales, parques y hasta los mismos restaurantes, hoteles y oficinas, sin exponerse a atracos, raponazos, peleas, disturbios, paseos millonarios y demás actos delictivos.    

Toda política pública de seguridad ciudadana debe, por principio, responder a los problemas de violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo éstos como problemas públicos, que como tales, demandan una intervención desde el espacio público. También debe tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, debe dar a conocer el horizonte de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan, así como los objetivos del Estado, de los gobiernos de turno, de las organizaciones comunitarias, de los gremios y de los medios de comunicación.  Es más, sería muy provechoso para todos, hacer uso de las redes sociales para informar, denunciar y gestionar todo tipo de acciones que vayan en contravía de la delincuencia e inseguridad.  Es decir, generar valor público.

Pues este sólo es posible cuando existen procesos de negociación y acuerdo político acerca del problema público que afecta a una comunidad y la forma como ésta, con el concurso de las autoridades, pretende solucionarlo. Es decir, que en la medida en que este valor público responde a las preferencias y aspiraciones de los ciudadanos, en esa medida es percibido por el conjunto de la sociedad al ser consumido y disfrutado por la colectividad como un todo y no de manera individual.

De allí que la política de seguridad ciudadana debe ser consustancial con las políticas de educación, salud, recreación, cultura, empleo y justicia. Esto permite pensar que los avances en materia de educación y cultura, por ejemplo, pueden verse reflejados de manera positiva en las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de una comunidad.  De otro lado, reconocer que la seguridad ciudadana es un bien público, un derecho que genera deberes, y tener, además, como puntos de referencia los conceptos de desarrollo humano sostenible, permite inferir que la construcción de dinámicas de convivencia y seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino que, por el contrario, es también una tarea de diferentes instancias socializadoras. 

Se está perdiendo la capacidad de asombro y con ella la sensibilidad social. Es urgente, desarrollar programas y acciones en doble vía, en los que la participación de los ciudadanos se constituya en un vértice fundamental,  pues debe quedar claro que toda política pública de seguridad ciudadana debe generar capital social.  Resulta imposible que una ciudad con menos de 500 mil habitantes, no pueda hacer frente a este flagelo que está creciendo de forma alarmante y causando serios daños a la población.  Es cierto que se ha perdido la capacidad de asombro, pero lo que no se puede perder es la capacidad de actuar.

Unámonos para crear condiciones e implementar alternativas que conduzcan a minimizar los brotes de inseguridad y delincuencia en nuestra capital.  No olvidemos que en ciudades más pobladas y con mayores índices de inseguridad y delincuencia han podido contrarrestar la situación.  Bienvenida la paz, pero con seguridad y con políticas públicas que la defiendan y proyecten.