Lógica perversa de negociación

Al gobierno de Santos le han surgido mil y un paros, paros protagonizados por cada uno de los sectores sociales presentes en la realidad colombiana. Desde paros estudiantiles universitarios, pasando por paros cafeteros, campesinos, indígenas, mineros, docentes, de la salud, hasta paros camioneros, de taxistas, y con un agravante: todos los paros han sido de orden nacional.

Si hay un paro nacional impulsado por un sector de la sociedad, siendo usado como recurso legítimo del derecho a la protesta, es porque hay un descontento social frente a las medidas adoptadas por el gobierno y sus consecuencias negativas para determinado sector o para el universo de la sociedad. Los paros no se hacen por capricho ni por berrinche, como lo quiere hacer notar el presidente y sus secuaces en los medios masivos de comunicación, ni tampoco son los causantes de los problemas sociales. Por el contrario, el paro es el último recurso de hacer notar inconformismo y exigirle cambios estructurales al gobierno.

A Santos, ese presidente denominado de “la Paz”, no le parece importante negociar los pliegos de peticiones de los sectores sociales movilizados en jornadas de paro nacionales. Sucede que al presidente le gusta negociar sobre las lógicas del terror policial y la estigmatización mediática. Lo demostró durante cada una de las jornadas de paro que ha tenido que sortear: contra los estudiantes universitarios; sucedió con el paro cafetero y el paro campesino y la minga nacional indígena, todas estas jornadas en el año 2013, a los cuales les mandó la represión hecha ESMAD, para poder garrotear, dominar por el miedo y negociar con movimientos golpeados. Sucedió hace menos de dos meses, que en la jornada nacional de paro, impulsada por la Minga Campesina, Étnica y Popular, el saldo fue de tres indígenas asesinados en manos del ESMAD y más de 250 heridos. Y sucede ahora, en el paro camionero, que ya arrojó el primer asesinado.

Las ocho medidas adoptadas por “el gobierno de la paz” para confrontar el paro del gremio de transporte de carga, que ya completa 40 días, tienen un dejo de represión autoritaria. Se prefiere gastar dineros en fuerza pública -50 mil hombres- que si se multiplica su valor por día en gastos operativos (de gasolina, alimentación, indumentaria, hidratación) daría un promedio de 100 mil millones de pesos, monto con el que se pudieran solucionar algunas inconformidades del sector camionero.

Se pretende aterrorizar a los camioneros, que en la jornada de paro exigen condiciones dignas de trabajo, con la suspensión de sus licencias de conducción, lo cual sería un atentando directo contra el derecho al trabajo de éstos. Es tal el ansia de represión del gobierno Santos, que da vida a objetos inanimados, al punto de querer “sancionar a los camiones que se presten para hacer bloqueos”. Ya imaginaron, en Colombia, según Santos, los camiones son ‘transformers’ que autónomamente bloquean las vías.

Según el presidente, las alzas exigidas por el sector del transporte de carga son ilegales ya que éstas estarían por encima del costo de la canasta familiar, el problema es que el salario de los pseudo-honorables congresistas sube sin tenerse en cuenta el costo de la inflación, y el salario del pueblo de a pie es determinado, según costos de vida.

El paro camionero es legítimo, como legítimo es el poder los camioneros y sus familia alimentarse, pagar la educación de sus hijos, tener derecho a condiciones dignas de trabajo y a reclamar contra las arbitrariedades de un gobierno que pretende la libre competencia, como buen neoliberal que es, pero sin permitirle condiciones adecuadas para esa competencia a los camioneros organizados.

Ojo presidente, en tiempos de diálogo de paz es bueno no dejar fisura para que los enemigos de los diálogos hagan estragos saboteando las protestas con agentes provocadores estigmatizando a los trabajadores del transporte de carga. Abra los espacios de diálogos respetando las legítimas exigencias de los camioneros y no los culpe del costo de la vida por su paro, ya que el precio del combustible, de transitar por carreteras privatizadas con costosos peajes y las políticas neoliberales son las causales de ese incremento en el costo de vida.