Los violadores de la constitución

La Corte Constitucional se ha apartado nuevamente de su función fundamental de interpretar la Constitución que nos rige, ( o mejor, regía ) al autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En efecto, la Constitución dice: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.  La Corte Constitucional, en forma arbitraria, sin tener facultades para ello, acaba de reformar o modificar la norma mencionada. 

En repetidas ocasiones, los nueve  miembros de la Corte Constitucional han violado la Constitución, como cuando no respetaron los derechos adquiridos en materia pensional y aplicaron con efecto retroactivo el tope pensional de 25 salarios mínimos,  el cual solamente debería aplicarse para las pensiones que se causaran a partir del acto legislativo número 1 del año 2005.

Con sobrada razón, el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, ante este nuevo atropello declaró: “ Se terminó de sepultar la Constitución.  Familia no es familia, matrimonio no es matrimonio y la vida no es inviolable”.

A todas estas, que dirán los congresistas en ejercicio por la usurpación de sus funciones por parte de quienes están obligados a defender el orden constitucional de la República?.  El día de mañana podrían reducir, mediante arbitraria sentencia, a una sola cámara el Congreso de la República. No se han dado cuenta del enorme despropósito de los magistrados de la Corte Constitucional? Acaso no estarán prevaricando? .

Paradójicamente, el mismo magistrado Jorge Pretel, autor de la sentencia pensional, se rasga ahora las vestiduras por el fallo que avala el matrimonio gay, atacó a sus compañeros de la corte y los acusó de vulnerar la Constitución, la institución familiar “ y el principio democrático, usurpando competencias que le corresponden  únicamente al Congreso”. Catalogó a los magistrados que aprobaron la sentencia de estar haciendo activismo judicial y de “ supralegisladores radicales para satisfacer los intereses de una élite intelectual”.  Advirtió además que la decisión va a generar un “ funesto caos en el derecho de familia del país”.