Los topes de campaña, qué mentira

Todos los candidatos a gobernación y alcaldías están especulando con los llamados topes de campaña, es decir, la cifra que el Estado les autoriza para gastar durante la campaña. Cada vez que se les pregunta por este tema, no ocultan su nerviosismo, tratan de minimizar el tema y al final terminan especulando con algunas cifras insignificantes.

El otro tema que evaden y también minimizan, es el de sus patrimonios. Todos advierten que no tienen ningún problema para hacer pública su declaración de renta, pero cuando se profundiza y se indaga con alguna minucia se van por las ramas, como si éste no fuera un punto trascendental para medir los niveles de honestidad de quienes aspiran a conducir durante los próximo cuatro años los intereses de los entes territoriales y las corporaciones públicas.

La Ley Anticorrupción, es muy clara cuando hace referencia a los requisitos de posesión que deben cumplir quienes resulten elegidos para asumir el cargo. Habla con claridad esta norma sobre la obligación que tiene el funcionario electo de incluir su declaración de renta entre los documentos que se allegarán antes de asumir, y como se sabe, esa declaración se convierte automáticamente en un documento público al que se puede acceder para verificar el monto del patrimonio con el que se inicia el cuatrienio y compararlo al final con el fin de que los ciudadanos sepan con qué bienes y con qué patrimonio terminan el periodo.

Cuando se aborda este tema con los candidatos en público, advierten que no tienen ningún problema en hacer un inventario de su patrimonio, y algunos lo hacen a medias, pero me parece que lo importante es que todo el mundo pueda saber al final con qué salen y lo que  adquieren durante el , cómo se obtuvo, pues durante cuatro años han sido los responsables directos de la ejecución del presupuesto, en el caso del alcalde y el gobernador. Los concejales y los diputados también tienen una responsabilidad directa porque han debido aprobar o improbar los proyectos que lleva el ejecutivo ante la corporación, compartiendo responsabilidades.

Los candidatos a los que les he preguntado por el presupuesto de campaña, no solamente se ponen nerviosos, mienten flagrantemente: “Respetaré los topes establecidos”, dicen, cosa que no les creo. A quien le cabe en la cabeza, por ejemplo, que los aspirantes a la gobernación que están según las encuestas, disputando los primeros lugares de preferencia, se van a gastar solamente 1.467’306.761 millones (tope autorizado). Tamaña mentira porque si algunos de ellos han admitido que solamente para el día de elecciones, necesitan unos 800 millones, cómo van a cuadrar las cifras, si en verdad respetan los topes de ley.

Quién no sabe que para la alcaldía de Neiva 1080 millones de pesos que es el monto establecido, lo han rebasado hace rato algunos candidatos en nómina, publicidad y hasta compra de líderes, usando sumas importantes, porque para nadie es un secreto que la mayoría de las denominadas alianzas o adhesiones no son gratuitas. Los tales acuerdos programáticos en algunas campañas, no son otra cosa que el más burdo negocio donde se impone la compraventa, y se pagan muy bien las declinaciones de quienes a punta de pretextos, terminan convenciendo a sus seguidores de que ya no pueden soportar la guerra de las encuestas y que en cuatro años será el desquite