sábado, 11 de julio de 2026
Opinión/ Creado el: 2017-01-18 10:04

Los retos del nuevo procurador

Editorial

Escrito por: Editorial | enero 18 de 2017

El lunes anterior, el presidente de la República posesionó al nuevo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez. Nacido en Bogotá en 1963, es abogado de la Universidad Javeriana, de Bogotá, tiene una maestría en Derecho y Finanzas Públicas y un doctorado en Gobierno de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. Es considerado el hijo de la séptima papeleta, porque lideró el movimiento de estudiantes a inicios de la década de los 90, que impulsó a través de este instrumento de participación ciudadana, la Asamblea Nacional Constituyente, del cual fue su miembro, que permitió crear la nueva Constitución Política de Colombia. Es una prenda de garantía y se constituye en una fortaleza para ejercer la jefatura del Ministerio Público, muy cuestionada por la opinión pública debido a las actuaciones de su antecesor. Ha manifestado que va a emprender una lucha frontal contra la corrupción administrativa, que, por cierto, este tema se ha convertido en el principal flagelo que padece la administración pública en todas sus áreas y que ha sido muy cuestionada la gestión de sus antecesores, porque no han realizado una gestión efectiva y decisiva para disminuir este fenómeno que corroe e impacta negativamente sobre el crecimiento económico, la estabilidad de las instituciones democráticas, la igualdad y la calidad de la gobernanza de un país.

Con el slogan “Ser pillo no paga en Colombia: ese es nuestro mensaje para los corruptos en este periodo que se inicia en la Procuraduría”, ha empezado a generar confianza dentro de la opinión pública. Tendrá la responsabilidad de iniciar los procesos de indagaciones preliminares y de investigación sobre algunos sonados casos de corrupción que tienen consternados a los colombianos por la magnitud de este flagelo. Lo anterior ha generado un rechazo generalizado por los innumerables casos que se están presentando en el país, sin que exista una respuesta fuerte y coherente por parte de la Procuraduría General de la Nación y de los demás Organismos de Control, que empiezan a adelantar las indagaciones preliminares y cuando se comprueban estos hechos que reflejan un verdadero detrimento patrimonial o faltas que afectan el normal desarrollo de la administración pública. En muchas ocasiones se inician los procesos de investigación contra los funcionarios responsables del manejo de la ordenación del gasto, pero desafortunadamente los expedientes son archivados o se mantienen estáticos en los anales de estas dependencias, esperando que se venzan los términos para ser archivados. Se espera que esta entidad sea incluyente, respetuosa de las minorías y que no se quede en simple retórica, la lucha radical contra la corrupción administrativa, en defensa de los derechos humanos y los intereses de todos los colombianos. Además, deberá ser garante de todos los procesos administrativos que se generen, producto de la implementación del Acuerdo de Paz Renegociado.