Los paros y el derecho a la protesta social

Huila: Territorio Solidario

El derecho a la protesta está consagrada en las normas constitucionales como la opción que tienen los ciudadanos a la movilización social para expresarse en contra de normas, políticas o fallos que el Estado o los particulares tomen y que afecten sus intereses. El Estado y el gobierno en este caso están en la obligación de proteger y garantizar a las poblaciones hacen uso de este derecho siempre y cuando la forma y los mecanismos de lucha estén sustentados en la legalidad que le otorgan las leyes. La decisión de ir a un paro tomado por los gremios camioneros es compleja por los impactos que ella tiene. Las opiniones suele tener diversas interpretaciones y puntos de vista sobre su origen, intereses que los mueve y forma de solucionarlos.

Las peticiones de los camioneros son validas y las respuestas de Gobierno son negativas aduciendo que no pueden ceder porque los perjudicados son los consumidores en la mayoría de los casos. Lo ideal sería que ningún ciudadano u organización tuviera que recurrir a esa forma para exigir sus derechos, pero la realidad es que Colombia se caracteriza por ser un país donde el reconocimiento de los derechos están consagrados únicamente en las leyes o normas, porque la realidad es otra. No basta con que la Constitución Política Colombiana exprese que somos un Estado Social de Derecho, es vital que se protejan pero también que se respeten por parte del Gobierno. Ahí radica la esencia de la norma.

Se ha vuelto costumbre frente a las protestas que el Gobierno utilice mecanismos no tan legales para impedir que los ciudadanos y las organizaciones recurran a movilizaciones y a los paros. El primero tiene que ver con utilizar las leyes para constreñir e impedir que las movilizaciones y los paros sean formas de lucha legal en Colombia. Es lo que se conoce como la criminalización de la protesta social, en otras palabras es colocar el aparato judicial contra los líderes y las organizaciones que encabezan la movilización. En el departamento del Huila el caso más reciente de criminalización es el del profesor de la USCO Miller Dussán Calderón a quien le quieren cobrar el liderazgo y lucha que desde Asoquimbo enfrentó al Estado, al Gobierno y a la Multinacional Engesa por la construcción de la Represa del Quimbo, cuyos beneficios para nada implican al Huila y si a la multinacional.      

El otro mecanismo es el desprestigio y la estigmatización a los líderes con pertenecer a grupos al margen de la ley o de estar beneficiándose de manera personal. Es inconcebible que ahora la exministra de transporte señale al señor Pedro Aguilar como corrupto y de querer obtener beneficios individuales. ¿Porque no lo denunció antes para que los organismos de control y vigilancia lo investigaran y de hallarlo culpable lo castigaran? Me acuerdo de las luchas de Cesar Jerez en el Catatumbo que cuando el Gobierno no tuvo más argumentos para impedir la protesta lo sindicaban de miembro de las Farc. Lo que falta es que ahora diga el Gobierno que el señor Pedro Aguilar es testaferro de la guerrilla y que su fortuna le pertenece a ella.