Los molinos de viento de la fiscalía

Lucas Mateo Vargas Vargas

Aquel quijotesco personaje que se atrevió a enfrentar el auge avasallador de los gigantes, que afanados por sus mezquinos intereses económicos arrasan con la vida humana, cultural y ambiental; ese quijote que al lado de los muchos Sanchos que lo acompaña, da las batallas por la defensa del territorio y la vida; él, que ha hecho una simbiosis entre su labor científico-académica y sus rol social y político, intentando alcanzar ese estado de “Intelectual Orgánico”, es ahora el blanco de los envenenados dardos jurídicos lanzados por una multinacional que arrasó con un territorio y su territorialidad, ahogando las esperanzas, pasados, presentes y futuros de más de mil familias.

Denunciar penalmente, tanto el docente Miller Dussán como muchos de los miembros de ASOQUIMBO, por el hecho de defender la vida, el territorio y lo que éste conserva, es una afrenta a la Constitución Política que consagra como uno de los derechos fundamentales, el derecho a la protesta social, y además es una pérdida de la soberanía jurídica, ya que se atenta contra la Carta Magna y contra los nacionales, por defender los intereses de una multinacional que ha incurrido en incumplimientos en lo referente a la indemnización de las familias afectadas.  

Después de los atropellos cometidos contra los habitantes de la zona de inundación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, los cuales fueron sometidos a un desplazamiento forzado por parte del Estado colombiano con el uso de las armas de su brazo antidisturbios y de su batallón energético, es inaudito que ahora persigan a los líderes de esa verdadera resistencia civil y pacífica, por las vías judiciales para someterlos.

Coincidencia o no, el jueves de la semana que está por acabar, mientras en la  Habana -Cuba- el Estado colombiano firmaba un cese bilateral al fuego con la insurgencia de las FARC, el profesor Miller Dussán y la presidenta de ASOQUIMBO, Elsa Muñoz Ardila, se presentaban en audiencia en el juzgado primero del municipio de Gigante, para responder por la “alteración del orden público”, según la denuncia interpuesta por la multinacional Emgesa. Ojalá el Estado colombiano con su fuerza pública, ejército y policía, y su sistema judicial, hagan un cese al fuego, ya que esa macabra combinación de todas las formas de lucha de parte del Estado (represión policivo-militar, judicialización y estigmatización mediática) desatada contra el Movimiento Social Colombiano, en un país que se supone democrático, ha dejado una estela de muerte, persecución y encarcelamiento contra la población civil, que de forma organizada, se moviliza para exigir las garantía sociales de pervivencia.    

Esperemos que en un eventual escenario de paz, posterior a la firma de acuerdo con la insurgencia, no haya más persecuciones político-jurídicas contra los Movimientos Sociales, porque de ser elegido fiscal Néstor Humberto Martínez, con serios cuestionamientos por su conflicto de intereses, la “cacería de brujas” se intensificaría. Que el Estado colombiano declare un cese de su locomotora minero-energética que arrasa con poblaciones enteras; que el Estado colombianos cese su práctica de corrupción; que cesen los fundamentalismos en el ministerio público; que cese la entrega del país al mercado internacional; que cese la privatización del agua, del territorio y de la vida.

Profesor Miller Dussán, siga con su quijotesca labor en defensa del territorio y la vida; siga enfrentando a esos gigantes mezquinos; siga al lado de sus muchos Sanchos peleando las justas batallas sociales; y siga intentando esa simbiosis entre su labor académico-científica y su rol político-social para poder-ojalá con muchos otros quijotes que se atrevan a superar los muros de la universidad- construir, más allá de los acuerdos en la mesa de diálogos, una verdadera cultura de paz en Colombia.