Los derechos de la población desplazada

Derecho, Política y Sociedad

El conflicto armado interno sufrido por Colombia por décadas ha generado el desplazamiento de millones de familias, las cuales se vieron forzadas a abandonar su lugar de residencia o trabajo, afectando gravemente sus condiciones de vida y forjando un problema social de enormes proporciones. Consecuente con este problema, la Corte Constitucional catalogó el desplazamiento forzado como una crisis humanitaria que quiebra tajantemente los postulados del Estado Social de Derecho. Todo lo anterior, la llevó a que declarara la existencia de un estado de cosas inconstitucional a través de la sentencia T-025 de 2004.

Con esta declaratoria, la Corte ordenó que se le protegiera a esta población, los derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral, a la familia y a la unidad familiar, a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, a la salud, a la protección frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, a la educación básica hasta los quince años, a la provisión de apoyo para su auto-sostenimiento, al retorno y al restablecimiento.

Pese a las órdenes dadas por la Corte en esta sentencia que tiene más de 10 años y por muchísimas otras proferidas en forma posterior, el Gobierno no la ha cumplido en forma plena. La toma del Puente Aéreo de Avianca en Bogotá en la semana anterior por parte de un buen número de personas desplazadas por la violencia, refleja la complejidad del problema. La “política pública” creada por la Corte no ha sido acatada, pese a la intervención de los Órganos de Control como la Procuraduría y la Defensoría.

Es por ello que ya es tradicional que nuestro Alto Tribunal constitucional organice audiencias de cumplimiento de sus órdenes. Este lunes 14 de septiembre desde las 8:30 a.m. se iniciará la Audiencia Pública sobre derechos de la población desplazada que pretende hacer seguimiento a la citada sentencia T-025/2004. Es imperativo que el Gobierno supere este “estado de cosas inconstitucional”, enfrente el desplazamiento y garantice la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. (Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana)