Los costos del paro educativo y el mal-gobierno

El pasado 7 de mayo finalizó otro paro, esta vez liderado por Fecode, el cual implicó la pérdida de 11 de los 190 días hábiles que tiene el año académico, afectándose 9 millones de estudiantes, quienes seguramente nunca verán compensada esa afectación del 6% de sus clases, precisamente cuando se aprestaban a las evaluaciones internacionales PISA.

Como ha sido usual en la cadena de protestas que violan el principio constitucional que prohíbe los paros en los servicios públicos fundamentales (los controladores aéreos, el sector de la justicia, los carceleros y ahora los educadores), las vías de hecho han demostrado que en Colombia: i) logran reajustes salariales adicionales; ii) no reponen el tiempo perdido; y iii) nadie de los cesantes sale sancionado. Esto genera un grave “riesgo moral” que invita al resto de sectores a imitarlos en sus protestas, incluyendo los del sector privado, tal como ocurrió recientemente con los cafeteros y con los transportadores. ¿Quiénes son los siguientes?

En este paro “educativo” se firmaron ocho acuerdos gobierno-Fecode. En materia salarial el gobierno “concedió” un ajuste salarial del 12% real (el cual no exige ni garantiza mejoras en la calidad de la educación provista por los educadores). De hecho, en Valor Presente Neto (VPN), dicho reajuste salarial del periodo 2015-2019 borró los $6 billones de supuesto recorte presupuestal que había realizado el MHCP en los inicios de este año por cuenta de las afugias fiscales. Más grave aún, se dio la señal de que los maestros no seguirían siendo evaluados de forma rigurosa como requisito para buscar ganancias en el escalafón.

ANIF reportó que, durante 2013-2014, se había montado una seguidilla de paros en sectores cruciales de la economía y  que de  no  atajarlos ellos generarían una escalada difícil de  atajar.  Este panorama de protestas sociales resulta especialmente preocupante ad-portas de una marcada desaceleración económica durante 2015-2016, la cual el propio gobierno acaba de reconocer como un hecho ineludible. Señalamos a inicios de este año que el costo indirecto del más reciente paro del sector justicia había alcanzado casi un billón de pesos, equivalente al 0,5% del PIB del último trimestre del 2014.

El cuadro adjunto ilustra cómo  el  gobierno  tendrá  que  realizar,  adicionalmente,  esfuerzos fiscales por cerca de 1.23% del PIB (0.44% del PIB anual) durante el período 2015-2018 para acometer los programas educativos del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, la consolidación de la llamada “jornada única” impone incremento en los costos tanto de infraestructura como de formación del capital humano. Para el caso de la educación primaria, los costos de infraestructura serían de 0.04 puntos del PIB; los del programa “De cero a siempre” se duplicarían de $1 a cerca de $2 billones; en coberturas de secundaria y media el costo ascendería a 0,2 puntos del PIB, pretendiendo elevar la cobertura del 31% al 85%. En materia de calidad, los primer esfuerzos han sido enfocados al programa de 3000 becas para la excelencia docente.

Es claro que los ingresos del Gobierno Nacional se están viendo reducidos por cuenta de la crisis del sector minero-energético y por la tardanza del Ejecutivo en adoptar reformas tributarias estructurales. Por ejemplo, la relación Recaudos/PIB tan solo alcanzó 14,3% del PIB en 2014 y actualmente se perfila hacia un 13,8% del PIB en 2015 por cuenta de los factores arriba señalados. Y, por el lado del gasto, el gobierno enfrenta presiones adicionales del sector educación, salud, pensiones e infraestructura que estarán incrementando el déficit del gobierno central del 2.2% del PIB esperado por la Regla Fiscal (a nivel estructural) hacia cerca del 3% en 2015 y del 4% del PIB en 2016, según el propio Marco Fiscal de Mediano Plazo que acaba de divulgar el MHCP. Ha llegado entonces la hora Sres. Del Buen-Gobierno de buscar sindéresis entre los objetivos “conceptuales” y las realidades fiscales del país, la cual no aguanta más “invitaciones al paro” para presionar ajustes salariales claramente injustificados frente a la muy baja productividad de los sectores de justicia, educación y transporte, entre  otros.