Lo constitucional es el Desarrollo Sostenible (III)

No podía ser menos pues que cerráramos este tema que por su extensión y mayor comprensión nos exigió dividirlo en tres columnas.

Insistamos, no hemos propuesto que las autoridades ambientales están para decir SI a toda obra o proyecto, sin importar el impacto que generen. Lo que hemos argumentado es que si respetamos nuestra Carta Política, el desarrollo nacional exige que sea  sostenible. Desarrollo, progreso y mejorar las condiciones económicas de todos los colombianos exige tener claro qué áreas y recursos son imposibles de ser autorizados para ser explotados. Exige también que no haya trabas para iniciar dichas obras y proyectos. Por tanto tener dimensionados los impactos y determinados los mínimos ambientales y las mínimas condiciones para desarrollarlos. Pero sin demoras y sin sobrecostos para el erario público. Y también con claridad sobre el costo de resolver los impactos generados para que un inversionista sepa de antemano lo más cerca posible cuánto cuesta el proyecto realmente y consecuentemente evitar demandas y condenas costosas a la Nación.

Acaso, ¿estamos condenando, contrario a los principios constitucionales, a incrementar desproporcionadamente los costos del desarrollo?¿El Desarrollo Sostenible que el artículo 80 superior consagra es también una consagración anti ética de que primero es la protección ambiental que la dignidad del ser colombiano que pretende el Estado Social de Derecho hacer prevalecer?

No se engañen quienes creen que anhelamos levantar el veto de la Licencia Ambiental para proyectos como los mineros o petroleros. Es muy al contrario. Extremar el cuidado ambiental frente a ellos. Es definir dónde definitivamente no vamos a permitir títulos de exploración y explotación, impedir argucias para levantar las restricciones elevándolas a rango constitucional. Es precisar qué tipo de desarrollo queremos y dejar las hipócritas discriminaciones diciendo éste proyecto sí lo dejamos hacer y aquél no. Y es impedir que el Estado sea irresponsable al conceder títulos mineros y petroleros sin considerar primero los factores ambientales e ir contra las comunidades y localidades.

Cuando lo hagamos, y debemos hacerlo porque es lo que manda hoy la Constitución Política, lograremos más progreso y crecimiento económico, asegurando que la base de los recursos naturales que lo hacen posible subsistan para las generaciones venideras. Ahí sí.