Ley de Garantías: Valores Vs Celeridad

A escasos 7 meses de las elecciones regionales, en las cuales se escogerán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y comuneros en Colombia, se abre el debate sobre la pertinencia o no de la Ley de Garantías. Nuevamente, el país se encuentra polarizado.

Al respecto, vale la pena recordar que esta ley se expidió en el año de 2005, en el marco del proceso de reelección presidencial de aquel entonces. Para esa época, respondió efectivamente a la necesidad de equilibrar el debate electoral, entre un presidente-candidato, y los demás aspirantes al primer cargo público del territorio nacional.

Sin embargo, las disposiciones contenidas en esa norma, fueron más lejos, e introdujeron una serie de disposiciones, llamadas a dar mayor transparencia, y por qué no decirlo, equidad, al interior de los procesos de elección popular, cobijando entonces, no sólo el escenario presidencial, sino todos los demás. 

Durante los 4 meses previos a una elección, los gobernantes, los gerentes y directores de entidades públicas, tienen restricciones respecto de la contratación directa, de modificación de plantas de personal, o de celebrar convenios administrativos.

Además, no pueden entregar, personalmente, recursos o bienes estatales, se abstendrán de incluir su imagen, símbolos o consignas electorales, dentro de la publicidad estatal o gubernamental, y, en términos generales, no podrán hacer uso de los bienes del estado, para fines proselitistas. Dicho en otras palabras, los recursos públicos, no podrán usarse para influenciar los resultados electorales.

Pues bien, derogar la Ley de Garantías, como se ha propuesto en los últimos días, tanto por líderes políticos y sociales, como por organizaciones y federaciones de muy alto prestigio, puede venir en el perjuicio de la democracia, o incluso, del Equilibrio de Poderes, que tanto preocupa al Gobierno Nacional, y al país en general, por estos días.

Sin duda, es preciso reconocer que las prohibiciones de la ley dificultan, durante ese lapso y en alguna medida, los procesos de ejecución gubernamentales, haciéndolos más dispendiosos, o más lentos. No obstante, en aras de la celeridad administrativa, no deberían sacrificarse los beneficios a favor de una competencia más justa y, sobre todo, equitativa, en términos electorales.

Nuestra cultura política, impone la necesidad de contar con esta clase de mecanismos, que en últimas, no hacen cosa distinta que abogar por la Trasparencia, por la Independencia, e incluso, por la Decencia, valores que deben girar permanentemente, entorno a cualquier proceso electoral.