Las sombras del Quimbo

Podríamos pensar que en buena hora la Corte Constitucional tomó una decisión, que en nuestro sentir, no tendrá los efectos y las repercusiones esperadas, por cuanto, a pesar de ser el fruto del estudio jurídico de la máxima autoridad sobre protección de los derechos ciudadanos y del medio ambiente, para EMGESA S. A. E. S. P., no dejará de ser más que una pequeña brecha en su trasegar de violación de los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente de los huilenses.

Lo anterior es consecuencia de todo ese andamiaje en el que el Gobierno Nacional y la clase política y dirigente de nuestra región, se ha entregado complaciente y de rodillas a quienes hoy en día, son los principales destructores de los recursos naturales y del medio ambiente de nuestra región, sin tener en cuenta y sin hacer consideraciones sobre lo que representa para la sociedad desplazada, víctima de dicha “obra de desarrollo” nacional, o de quienes aún seguimos cerca de sus inmediaciones y siendo afectados no nos inmutamos ante sus atropellos.

Con el respeto de muchos de mis amigos, no es esta la obra que haya de generar el tan esperado desarrollo social y económico que tanto se ha vendido como un espejo de falsedades y mentiras a nuestras gentes, de eso no podemos seguir engañándonos, y mucho menos, tener la esperanza de que sea la fuente de una actividad como el turismo, la piscicultura o de gran impacto y de beneficio en la economía de nuestras gentes, entre otros, con el abaratamiento de la energía para la naciente actividad empresarial de ésta zona del país, como debería de ser su correspondencia y como debería de plantearse en el evento de que en el trasfondo se pensara con una proyección social y humana, y se restablecieran mínimamente los derechos de las comunidades afectadas, recuérdese que esta obra fue diseñada para la única actividad productora de energía y no está considerada las opciones diferentes que se han querido enmarcar como una posibilidad de desarrollo, turismo y piscicultura entre otros..

Hemos sido amigos del miedo y nos hemos acobardado ante la presencia de fantasmas de papel y por ello es que las comunidades no han tenido la suficiente entereza y fortaleza para contrarrestar una protesta digna y de grandes repercusiones, cuando de iniciar la obra se trató, y mucho menos, de contar con el apoyo de nuestros dirigentes en el momento en el que se dio la orden de empezar a represar el río Magdalena para el llenado de la represa, por eso, todo intento es hoy en día, ilusorio y sin esperanzas y dejará una sombra de abandono y de miseria entre la pobreza que crece día a día, tanto moral, espiritual y material en la región.

Todo ha estado regido por la batuta de la corrupción, del engaño y de la falsedad, y de esta manera los damnificados, y quienes venimos sufriendo las consecuencias de la obra, no hemos podido aglutinarnos en una sola fuerza, con dirigentes y líderes sociales, políticos y representativos que defiendan sus intereses, ante la improvisación y la forma torticera como se ha desinformado a la opinión pública, incluso por los mismos medios de comunicación que han vendido grandes separatas a la multinacional o a las emisoras locales para hablar de las bondades de un proyecto que no son ciertas, y que han comprado la conciencia ciudadana.

El Censo poblacional de personas afectadas con la represa, no es suficiente garantía para considerar que un pírrico auxilio entregado a algunos habitantes, sea la base de la indemnización integral que haya de generarse por esta obra. Los precios con los que se pagó cada hectárea o fracción de terreno a sus pobladores, no consultó las orientaciones constitucionales y las sentencias que sobre dichos pagos debería efectuarse, teniendo en cuenta, la forma como eran los propietarios o poseedores, obligados a vender, y todo ello, con la complicidad inocente quizá, de los funcionarios judiciales, que se apegaron a una norma y olvidaron el destinatario de la misma.