Las dificultades del plebiscito por la paz

Derecho, Política y Sociedad

Mediante el Proyecto de Ley 094 de 2015, se discute el contenido del plebiscito por la paz, mecanismo de la democracia participativa que se pretende utilizar para validar democráticamente los acuerdos a los que se están llegando en La Habana, a pesar del rechazo de la misma FARC.

Este proyecto de ley, de tan solo 5 artículos, establece algunas reglas para llevar a cabo el plebiscito. La primera es que el Presidente junto con todo su gabinete ministerial someterá a consideración del pueblo los acuerdos finales para la terminación del conflicto armado. Esta decisión deberá ser informada al Congreso quien puede pronunciarse en contra (con la mayoría absoluta de los miembros) o guardar silencio, con lo cual el Presidente podrá convocarlo.

La Registraduría será quien organice la jornada electoral y la votación se realizará durante 3 días hábiles y un fin de semana. Sin embargo, se establece multa de un salario mínimo legal para quien no vote, olvidando que la misma Corte Constitucional ha dicho que la abstención es una postura legítima de protesta por lo que no debe ser sancionada.

Finalmente, en el artículo 4 se establece que las disposiciones aprobadas a través del plebiscito por la paz tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico, es decir obligatorio. Esta situación ha generado una férrea oposición pues se alega que este plebiscito es un referendo disfrazado, ya que este último se utiliza para aprobar normas detalladas y específicas directamente por el pueblo, mientras que el plebiscito se usa para aprobar o no la decisión del Presidente.

El Gobierno nacional se está jugando la validación del proceso de paz con esta figura, pues se quiere que los colombianos voten aprobando en bloque, con un SI o un NO, todo lo acordado en La Habana. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha pactado en allá en Cuba? De forma precisa aún no se sabe. Por ello, si se aprueba este plebiscito, además de tener que afrontar la revisión de la Corte Constitucional, le corresponderá al Gobierno hacer una difusión muy clara de lo negociado para que los colombianos sepamos cual va a ser el costo de la paz. (*Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO)