Las corridas de toros y el derecho de los animales

La reapertura de la Plaza de Toros la Santamaría en Bogotá para este fin de semana, generó nuevamente controversia entre los aficionados a la denominada “fiesta brava” y los defensores de los derechos de los animales.

La discusión es bastante compleja pues cada sector alega la defensa de sus derechos fundamentales para justificar su posición.

Los antitaurinos invocan la defensa de los derechos de los toros pues son seres vivos sintientes, que sufren y tienen dolor ante las agresiones físicas que les infligen en manifestaciones culturales como el coleo, las corridas y las riñas de gallos.

Por su parte, los seguidores invocan sus derechos a la libertad de expresión, al libre desarrollo de su personalidad y a que no se violan los derechos de los demás con las corridas. Además que un amplio sector se beneficia económicamente con este tipo de espectáculos.

Sobre este tema la Corte Constitucional ha sentado su posición en 4 sentencias: C-889/12, C-666/10, C-367/10, C-1192/05. En ellas reconoció que esta práctica es una manifestación cultural que debe protegerse en los lugares donde tiene arraigo. Sin embargo el Estado no debe patrocinarlas. Y deja en manos del legislador su regulación prohibiendo o permitiendo su aplicación. El Congreso reglamentó su práctica en el 2004, reconociéndola como una “expresión artística del ser humano”. Sin embargo es hora de revisar esta norma y ponerla a tono con las nuevas generaciones que ven con horror este tipo de manifestaciones.

En el mundo son pocos los países donde aún se realizan corridas, que sin lugar a dudas es una práctica cruel y obsoleta. Es comprensible que cuando nacieron las corridas en España hacia el siglo XII, esta era una forma popular de entretenimiento, como alguna vez lo fue el circo romano en el imperio Romano.

La tendencia social y jurídica actual es la del reconocimiento de derechos de los animales como una forma de protegerlos ante las agresiones injustificadas de los hombres.

Colombia ya inició este proceso con leyes protectoras y sentencias judiciales que empiezan a reconocer estos derechos. Pero aún quedan sectores sociales que se resisten a este cambio. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).