Las capturas ilegales

El más reciente caso tiene que ver con 16 falsas capturas que se efectuaron en el corregimiento de Potrerillos en el municipio de Gigante, centro del Huila, en marzo de 2004. Estuvieron privados de la libertad 14 de ellos durante seis meses y luego quedaron libres. Dos de ellos fueron luego asesinados y el resto desplazados, por señalamientos de paramilitares y guerrilla.

No es fácil para una familia sobrellevar la vida con normalidad luego de que el Estado, a través de la inoperancia de alguno de sus funcionarios, deshonra a una persona o a una familia entera. Odio, es eso lo único que nace luego de una situación similar, más cuando se tiene que salir de su terruño.

Pues bien, el Huila no es ajeno a este tipo de situaciones que han afectado a todo el país. Según reporte de la Defensoría del Pueblo, de 2012 a la fecha han registrado 26 casos de falsos positivos judiciales que en la actualidad están estudiando.

No es justo que todos los ciudadanos tengamos que pagar la irresponsabilidad de funcionarios de la rama judicial (Fiscalía) que acusan, solicitan cárcel y  luego precluyen la investigación como si nada. Luego la demanda contra el Estado es cuantiosa, sin contar el pago de la recompensa y el gasto carcelario de los indiciados.

Además del caso anteriormente señalado, ocurrido en Gigante, entre 2011 y 2012 fueron capturadas 9 personas en la vereda San Antonio de San Agustín, lo curioso fue que luego siete de estas quedaron en libertad.

Afortunadamente existe ahora la Agencia de Defensa del Estado, que luego de perder alguna demanda en su defensa de la institucionalidad, repite contra el funcionario que incurrió en la irregularidad. No debemos esperar a que esto siempre ocurra, debemos estar atentos y advertir a las autoridades competentes las injustas privaciones de la libertad.