Las ‘sorpresas’ en la política ambiental

Definitivamente, los días festivos de final de año son peligrosísimos para temas vitales del desarrollo de la nación.

El mes de diciembre se ha convertido en la época propicia para que los gobiernos, tomen medidas administrativas impopulares. Este es el caso de las políticas ambientales. El 19 de diciembre, el ministro del medio ambiente, expidió la norma que delimita el páramo de Santurbán; una reserva hídrica de gran importancia para los santanderes y varios de sus municipios, incluyendo la ciudad de Bucaramanga. Como el páramo tiene amenazas de distinta índole: explotaciones agrícolas y pecuarias, y explotaciones mineras, el ministerio tomó decisiones para permitir ese tipo de labores en el 24% de su territorio, declarando zona de reserva el resto del área. Aparentemente es una decisión ‘salomónica’. La verdad es que a la sombra de autorizar el uso agrícola y pecuario que, con prácticas y técnicas amigables con el medio ambiente, es posible realizar, le dio carta blanca a la explotación de gran minería, que Eco Oro, una empresa multinacional ‘canadiense’, quiere realizar en ese páramo. Que el triunfo ha sido para la multinacional extranjera lo podemos comprobar en el comunicado de prensa que emitió dos días después de conocida la decisión gubernamental: “We are very pleased that the boundaries of the Santurbán Páramo have finally been declared.” “Estamos muy satisfechos…”, declaraba a los cuatro vientos, especialmente para que sus accionistas o potenciales accionistas, estuvieran seguros del extraordinario negocio que tienen entre manos…, con la complacencia del gobierno colombiano. Los santandereanos, tendrán en los huilenses el apoyo solidario que esta nueva etapa de lucha por preservar el páramo de Santurbán, como por todos los páramos hoy amenazados por la gran minería, habremos de librar todos los colombianos.

La otra medida, fue del 23 de diciembre, día en que se expidió el decreto 2691, mediante el cual se pretende burlar la sentencia C-123 de la Corte Constitucional, donde el alto tribunal había advertido de la obligatoriedad de un acuerdo entre las autoridades territoriales y las competentes a nivel nacional, en el momento de  autorizar actividades mineras en un territorio. Para ‘pasarse por la faja’ la orden de la corte, los ministerios de Minas, Ambiente y Agricultura, en el decreto en mención, establecen una serie de condiciones que son de difícil cumplimiento por los municipios. Una de ellas es que los concejos locales pueden solicitar al Ministerio de Minas medidas para proteger el medio ambiente, pero fundamentadas en estudios técnicos cuyos costos debe asumir cada municipio. Medida absurda, cuando todos sabemos de la precariedad económica de la casi totalidad de los municipios colombianos que, no estarían en capacidad de asumir los costos de estudios de tal complejidad, “como uno de línea de base de cuencas y de afectaciones a la salud pública”, según lo señala el analista César Rodríguez. Otra determinación, es que el Minminas —se lee en el decreto— podrá consultar a las empresas respecto a la conveniencia de los proyectos que pretenden desarrollarse, en relación con las medidas que han sido solicitadas por los entes territoriales. Esta actuación sería, subordinar la función de regulación en quienes deben ser regulados, a la vez que equipararía la institucionalidad nacional, en cabeza de los municipios, con la de una empresa privada. Decisión que es más grave si se encarna en una multinacional extranjera. ¿Alguien duda de la naturaleza lacayuna e imperialista de esta medida?