La tutela de Emgesa

Se sigue discutiendo en todos los pasillos de los estrados judiciales y entre las comunidades de nuestra región, la acertada decisión adoptada por la Corte Constitucional frente a la generación de energía por parte de la Hidroeléctrica construida sobre la represa de El Quimbo, la cual estuvo fundamentada en una norma que no le era aplicable, y además, por cuanto no se estaban cumpliendo las exigencias y recomendaciones para el llenado del embalse, amén de que existía una prohibición de un alto Tribunal del Departamento que procuraba la defensa de los recursos naturales frente al atropello y las actuaciones ilegales de sus constructores.

Hoy estamos a la espera de que se inicie la desocupación o el vaciado de la taza del embalse, que estimamos tiene que hacerse lo más pronto posible, para que se minimicen los daños y los riesgos de contaminación que se puedan generar a lo largo del río Magdalena, especialmente con la piscicultura y con la salud, la vida y especialmente la alimentación de los ribereños, que tienen como fuente de subsistencia, dicho recurso natural.

Es risible y causa mucha tristeza, que desde las misma esferas del Gobierno Nacional se esté anunciando la interposición de una acción de tutela, tendiente a dejar sin efecto dicha decisión de suspensión de la generación de energía y que se escuden dichos funcionarios en que se está atentando contra el derecho fundamental al trabajo y otros tantos de los operarios de dicha empresa.

Es un reto interesante saber que así como se les ha negado el derecho mediante la acción de Tutela a muchos pobladores y se ha desacatado de manera soberana por nuestros propios jueces, la decisión contenida en la Sentencia T-135, ahora se pueda contar con un funcionario judicial que termine por atender el llamado de los funcionarios de EMGESA, y especialmente por los atropellos y las formas arbitrarias como se quiere manejar este asunto, desde el Ministerio de Agricultura entre otros, para anunciar los riesgos y peligros del cierre de dicha hidroeléctrica, cuando por encima de todo, tenía que tenerse de presente el interés comunitario y la real situación que se esconde por la ineficiencia y la politiquería que se unieron en un solo coro, para hacer posible el desastre que viven los pobladores del centro del Departamento del Huila.

Ante esta situación, no nos queda otra alternativa que la de seguir denunciando como lo hemos hecho hace mucho tiempo, la situación de vulneración sistemática tanto por el Estado de Derecho, con las instituciones del gobierno que nos rigen y que ha venido cohonestando con los dirigentes políticos de la región, la forma como se ha mancillado y se han vulnerado los derechos fundamentales de muchos colombianos en nuestra región.

Es absurdo encontrar que el mismo Director de la ANLA haya anunciado, entre otros tantos interrogantes, que no conocía y que nunca había oído hablar de Oporapa, para la construcción de una represa, y puede estar en lo cierto, por cuanto la gran ventaja de los funcionarios públicos está precisamente en su ignorancia y el desconocimiento de sus funciones y de lo que hacen los subalternos a su cargo, cuando en efecto, los medios de comunicación han informado y han dado cuenta de la solicitud que EMGESA S. A. E. S. P., ha presentado ante dicho organismo para la concesión de la licencia para dicha obra.

Por lo tanto, y mientras todo esto sucede, es urgente y prioritario, así sea tarde, que se adopten los controles y los mecanismos que pongan en cintura a estos funcionarios corruptos y ojalá la Fiscalía General de la Nación tomara cartas en el asunto para hacer respetar las decisiones judiciales y proteger la legalidad institucional como se corresponde con los intereses de nuestra nación.