La tierra en pocas manos

Resolver la cuestión rural en Colombia se ha tornado en un asunto mucho más complejo que el mismo conflicto armado, tal vez, porque de la solución de lo último depende inexorablemente del avance sustancial en lo primero.  Y es que el fenómeno de la concentración de la tierra, asunto central del problema rural, va más allá de un actor como la insurgencia, este a su vez integra a grupos paramilitares, terratenientes, narcotraficantes, políticos, servidores públicos y empresas nacionales y extranjeras, que han sido agentes cómplices y causantes de este fenómeno de concentración de la propiedad rural.

El 41,1% de la tierra está en manos del 0,4% de los propietarios, correspondiendo a terrenos de más de 500 hectáreas. Que gran parte del suelo en Colombia esté en manos de unos cuantos latifundistas, no es sólo una injusticia anacrónica y vergonzosa, también es el cruel reflejo de una sociedad moderna socavada por la desigualdad en todos sus ámbitos.  

Los críticos de una reforma agraria integral orientada a democratizar la propiedad de la tierra, califican esta propuesta como populista, demagógica o izquierdista; sin embargo, considero más populista y demagógico, plantear un modelo de desarrollo rural exitoso con el actual esquema inequitativo de distribución de la tierra.

Y aunque el gobierno se alarme con las cifras del censo rural; lapolítica del monocultivo a gran escala, las licencias ambientales para proyectos minero energéticos, el lento proceso de restitución de tierras y el silencio cómplice ante los acaparadores ilegales de tierras, no sólo no contribuye al propósito del acceso a la propiedad rural, sino que profundiza el fenómeno de su concentración.  

Si soñamos con una economía agrícola productiva y sustentable que permita el bienestar de nuestros campesinos, es menester romper con el fantasma medieval y violento en las zonas rurales. Poseer un balance entre la pequeña, media y gran propiedad, facilitar el acceso al crédito, la asistencia técnica, servicios públicos e infraestructura vial; son retos mínimos ante un entorno competitivo e inestable en la producción de alimentos, debido a los modelos de protección estatal a la agricultura en otros países y el descenso en el precio de los commodities en el mercado internacional.

El fracaso de la política agropecuaria del país en los últimos cincuenta años, no puede servir de excusa para desconocer la necesidad de retomar debates tan importantes y vigentes como el acceso real a la propiedad rural. Constitucionalmente la propiedad tiene una función social y ecológica, y el Estado debe generar las condiciones para su efectivo acceso (arts. 58 y 60).

*John Jairo Trujillo Quintero es estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia; actualmente realiza un intercambio académico en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur en Porto Alegre, Brasil.