La subasta por Isagén

Desde el año 2013 venimos los colombianos escuchando sobre la venta de la participación del 57.6% que el Estado tiene en la empresa Isagen, la tercera en generación de energía en el país con siete centrales hidroeléctricas.   Al proceso le han salido todo tipo de cortapisas y se ha dividido la opinión política del país entre quienes se encuentran de acuerdo con vender la participación  de la nación y quienes piensan que es un despropósito.

El Gobierno ha tomado la decisión de vender y destinar los recursos obtenidos para  continuar desarrollando importantes obras de infraestructura,  como las autopistas  4G,  que se consideran vitales para poder implementar cabalmente los diferentes Tratados de Libre Comercio que se han firmado en los últimos años.   

Los enemigos de la venta señalan que  la empresa es fundamental para el ejercicio de la soberanía energética del país;  que es un error  perder la capacidad de control en la actividad de generación de energía;  que los recursos  son del pueblo y las vías que se harán no  lo benefician tanto, como sería la inversión en programas de salud y de educación; las vías benefician otros sectores más pudientes de la población;  que con los meros rendimientos de la empresa podrían financiarse las obras;  que lo que se pretende es tapar el hueco fiscal a costa de sacrificar las joyas de la corona.

El Gobierno responde señalando que la empresa no se va a ir, simplemente cambiará de dueño, pero seguirá en el país produciendo riqueza;  que  no es cierto que para tener el control de la política energética tenga que ser dueño de la empresa, que  para eso están las Comisiones de Regulación que controla el Estado y que el desarrollo de la infraestructura vial de la país beneficia a todos los colombianos.

Argumentos variopintos con los cuales se puede estar o no de acuerdo.   El proceso  sin embargo, comienza a presentar  síntomas de discusión jurídica ante la circunstancia de haberse quedado un único interesado de los tres que había inicialmente, lo  que desvirtúa totalmente la subasta que se tenía prevista.     Ya no habrá puja; bastará que el interesado proponga el precio base y no habrá quién  contra oferte  o le haga subir la propuesta.   Más que subasta, vamos a presenciar una “bajasta”,  con el ingrediente que señalan que la empresa está mal valorada, que no se incluyeron los activos por propiedad intelectual, que el precio no cubre la pérdida del poder adquisitivo y que es lesivo para los intereses de la nación.  Para algunos se trata de un hallazgo fiscal anunciado que pone en detrimento el patrimonio público. También algunos señalan que la única postora, el consorcio canadiense, ha protagonizado varios escándalos de corrupción por sus negocios de bienes raíces en Brasil. 

Cuando se publique esta columna ya será un hecho cumplido la venta de Isagen, si alguna tutela no logró detenerla.   Independientemente de la postura que queramos acompañar, pareciera que arenas tan movedizas, lo prudente habría sido esperar un pronunciamiento judicial y no correr con un proceso señalando  fecha  de  subasta en plena vacancia judicial, dando pie a que algunos señalen que lo que se quería era evitar  las acciones judiciales.