La sentencia de la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) acaba de condenar al Estado colombiano por su responsabilidad  en la desaparición de once personas dentro del contexto de la toma y  la retoma  del Palacio de Justicia ocurridos  el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El Estado colombiano deberá pagar una millonaria reparación a las víctimas. Aunque el Estado ha efectuado pagos por daño moral, se ordenaron pagos adicionales por daño inmaterial.   Según la Corte Interamericana, en el expediente hay pruebas  contundentes sobre que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o de colaborar con el M-19.

Cuando se cumplieron 25 años  del fatídico suceso, en los actos conmemorativos,  en mi discurso como Presidente de la Corte Suprema de Justicia advertimos que, tales desapariciones, de las que daba cuenta el informe de la Comisión de la Verdad, constituían delitos de lesa humanidad y por tanto no podían beneficiarse con prescripciones  ni caducidades.

Vale la pena volver a aclarar que no se trata del  mero hecho de la retoma, que bien podría considerarse como legítimo  el actuar por parte de las autoridades militares,  aunque en sentir de muchos desproporcionado en la medida que se arrasó con el edificio y los que en él  se encontraban.   Lo que sucedió después, con  “los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instalaciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior de desconocía”,  fue un crimen atroz,   una mancha gris en nuestra historia republicana.  Algunos de esos desparecidos no tenían vínculos con los guerrilleros, eran trabajadores del Palacio (empleados de la cafetería) o de la Rama Judicial (como el Dr. Urán, Magistrado auxiliar, que salió con vida y después apareció entre los guerrilleros muertos) y fueron confundidos con los primeros.

El Estado no podía salvarse de esta condena y además  es necesaria para  la justicia y la reparación que requiere el caso.   La justicia  nacional también ha venido avanzando; ya se han producido algunas condenas incluso.  No obstante, la Corte Interamericana señala que el Estado colombiano incumplió su obligación de iniciar la investigación de oficio, inmediata y efectiva, y omitió realizar actividades de búsqueda necesarias para localizar el paradero de los desaparecidos.

Triste episodio vivió Colombia, con la toma, con la retoma y con lo sucedido con posterioridad.    Con el informe de la Comisión de la Verdad, y las sentencias proferidas en la justicia colombiana y ahora en la Corte IDH, no queda duda alguna de que fueron reales las desapariciones.   Las condenas  son el comienzo de todo  lo que hay que hacer, para que algún día se pueda voltear esta  página  oscura de nuestro pasado reciente.