La Reforma Tributaria y el Cambio Climático-Económico

La economía y las empresas sin duda también. No obstante, el cambio no puede ser veloz. El cambio a velocidades desenfrenadas genera inestabilidad y daños irremediables. En la naturaleza si el cambio es veloz las especies sufren, no alcanzan a evolucionar y al final del día desaparecen. El entorno natural es entonces el que determina el cambio. Sin embargo, en la actualidad la intervención de la mano del hombre en la naturaleza ha sido de tal magnitud y velocidad que las especies no han podido evolucionar al cambio en el entorno. Muchas especies han desaparecido ante el feroz cambio climático. Igualmente, en la economía, por la competencia desenfrenada, los cambios tecnológicos y la globalización, las empresas debe reinventarse. Si el cambio es muy rápido y ellas no evolucionan, la suerte es la quiebra. El mercado definitivamente no perdona. La labor del Estado en la economía y con las empresas, para que estas sean fuente de progreso y de creación de empleo, es hacer menos abruptos los cambios del entorno para que ellas evolucionen y no quiebren. ¿Pero que ocurre cuando el mismo Estado es el factor del cambio climático en la economía? ¿Qué ocurre si mal invierte los recursos de los contribuyentes -o ellos se pierden en corrupción- y se realizan reformas tributarias  para conseguir más recursos en perjuicio de la salud de las empresas y su capital? Sin duda es un cambio climático en la economía que de manera veloz a las empresas les quitará competitividad y posiblemente las llevará a la quiebra. Por ello el Gobierno Nacional se equivoca al insistir en el impuesto al patrimonio, ahora mal llamado a la riqueza, por cuanto este genera un castigo a la acumulación de capital, al ahorro y la inversión en detrimento de la salud de la economía. Los impuestos deben estar dirigidos a la utilidad, siendo el Estado socio de las empresas al compartir un porcentaje de las mismas. Un impuesto dirigido al patrimonio es indudablemente contraproducente por cuanto el recaudo a mediano y largo plazo sufrirá por la merma en la tasa de reinversión de las empresas y las consecuencias negativas en la creación de empleo. Así, un impuesto de renta simple, con una tasa no mayor a un 30%, y un impuesto de no mas del 10% a los dividendos que repartan las empresas a personas naturales o personas naturales y jurídicas extranjeras debería ser la respuesta a una reforma tributaria sencilla e integral. Si las empresas no reparten dividendos, el efecto práctico será la acumulación de capital al interior de ellas, lo cual generará más inversión, más crecimiento y mayor recaudo, con la obvia generación de empleo. Si por el contrario se reparten dividendos quienes los reciban sin duda alguna estarán incrementado su patrimonio y deberán tributar. Este debería ser entonces el camino para una reforma tributaria y no el absurdo impuesto al patrimonio (desafortunadamente ahora el mal llamado impuesto a la riqueza)  que es una intervención negativa de la mano del hombre en la economía que generará cambios “climático-económicos” a las empresas de los cuales no podrán escapar y que para algunas, por el ciclo de sus negocios, significará la quiebra, la pérdida de competitividad y rentabilidad y/o la búsqueda de otros destinos para invertir.