La reforma del estado

ha radicado en el Congreso de la República el proyecto de Acto Legislativo que lo reforma, donde hay de todo como en el supermercado, sirviendo algunas reformas para la salud de la república que ojalá no terminen malogradas en su trámite como ocurrió con la reforma a la justicia pasada en el intercambio de favores entre las diferentes ramas del poder público, y otras no tanto, que seguramente serán las que saldrán adelante para beneficio de la clase política, cambiando las cosas para que sigan igual o peor como siempre ha sucedido.

Destaco como definitivamente saludables en el campo de la justicia, la eliminación de la inútil e incompetente Comisión de Acusaciones para reemplazarla por un Tribunal de Aforados constitucionales; la del Consejo Superior de la Judicatura, y la de la facultad de las cortes de intervenir en la elección de los organismos de control que las politizó en el peor de los términos como ya se vio en la elecciones de procurador y contralor. En el campo político, la eliminación del perverso voto preferente que prostituye el ejercicio de la política y la entronización de concurso público en la elección de los servidores públicos y cuerpos colegiados, y desde luego la eliminación de la nociva reelección presidencial y la de los titulares de los órganos de control, que definitivamente no puede ser establecida en este país sin  cultura política y de servicio público donde todo se pervierte cuando se trata de elecciones.

Y ya le han salido reparos precisamente a lo que es urgente y esencial reformar en materia de justicia, como es la eliminación de la Comisión de Acusaciones para reemplazarla por un Tribunal de Aforados independiente y de gran experiencia profesional y académica desprovisto de cualquier tinte político; en primer término para quitarle la función jurisdiccional a un órgano político como el Congreso, y en segundo para que las altas cortes tengan auténtico y respetable juez, lo mismo que los demás aforados constitucionales, que literalmente no lo tienen  con la comisión denominada con tino por su inoperancia, como  de absoluciones.

Y menos se entiende que los cuestionamientos vengan de quienes más va a favorecer la reforma en esta materia como son los magistrados de las altas cortes que van a tener calificado juez, al manifestar su preocupación por la creación  de esta supercorte con el pretexto vacuo de que va a estar por encima de todas las cortes, cuando precisamente la inútil y polémica Comisión de Acusaciones estaba por encima de todas ellas, sin tener la calidad que tendría este alto tribunal como garantía plena de los aforados. Ojalá que esta reforma apremiante no se vaya a enredar con la pita de la misma justicia por temor a que definitivamente haya justicia para los aforados constitucionales.